El punto fino de ésta, a contrapelo de la expectativa de inyectarle recursos frescos, apunta a bajarle la carga fiscal por la vía de ensanchar sus posibilidades de deducción.

Las versiones hablaban de utilizar una parte del remanente de operación del Banco de México al año pasado, calculado en 300 mil millones de pesos, lo que habría sido violatorio de la ley.

De acuerdo con las modificaciones aprobadas por el Congreso en el paquete de la reforma financiera, el sobrante entre ingreso y gasto del banco central al no tener objeto de lucro, apuntaría a reducir la deuda soberana del gobierno, dejando una parte para capitalización.

El problema de la estrategia de apoyo indirecto es que Pemex no contaría con recursos inmediatos para salir del atolladero, en cuyo marco se le obliga a mantener la llave del endeudamiento, por más que el olor a gas es insoportable. El estallido, pues, está latente.

De hecho, ante la peligrosa ruta escogida, la propia calificadora Moody’s le está reduciendo la calidad crediticia a la empresa productiva de Estado dos escalones: de Baal a Baa2.

El escenario provocará un aumento en la tasa de interés que pagaría Pemex por la emisión que prepara para obtener otros 15 mil millones de pesos.

La calificadora estadounidense ubica la alerta sobre la deuda soberana del país bajo la posibilidad de que dejar al garete el barco de Pemex atentaría contra la economía en su conjunto.

El efecto dominó provocó, por ejemplo, un incremento en la tasa de desempleo del sureste del país; la quiebra de un tercio de las empresas que le ofrecían servicios de proveeduría; la debacle de media docena de arrendadoras de plataformas marinas; la caída de la producción de gas natural, y una reducción en las reservas de hidrocarburos de 21%.

Se diría que la reforma energética, cuya divisa principal hablaba de apuntalar a Pemex, se aprobó sin una plataforma previa de sostén. De entrada, no se previó que la empresa fuera indemnizada por firmas nacionales o extranjeras que llegaran a explorar yacimientos con la mitad o más del terreno abonado.

Más allá, al no haberse modificado sustancialmente el régimen fiscal para la empresa, cuya aportación tributaria llegó a representar un tercio de la recaudación, se vuelve misión imposible la posibilidad de alianzas en forma mayoritaria.

Y si le seguimos, aunque se le dio el status, calcado de Canadá, de empresa productiva de Estado, la posibilidad de gestión empresarial la anula la maraña de normas que le dejaron en la sala.

La Secretaría de Hacienda sigue manteniendo la rectoría financiera.

La pregunta es si la posibilidad de aumentar dos o tres puntos el porcentaje de deducción sobre sus ingresos será suficiente para evitar el naufragio total.

Águila o sol.

Balance general. Congelada tres años, el Congreso está analizando una iniciativa de reforma a la Ley de Seguro Social que de recibir luz verde implicaría el homologar la base de cálculo del Impuesto sobre la Renta con la que permite ubicar el monto de la cuota patronal al organismo, es decir el salario-base de cotización.

Bajo el esquema el Instituto había calculado un ingreso adicional de 4 mil millones de pesos, que se etiquetaría para gasto de inversión.

La alternativa fue bloqueada tras una fuerte ofensiva de cabildeo por parte de las cúpulas empresariales, bajo el argumento de que se estaría implantando en la practica un impuesto adicional.

La reforma, aprobada por la Cámara de Diputados, se congeló en el Senado.

Siempre no. Finalmente Petróleos Mexicanos canceló una polémica licitación para compra de 51 mil equipos de cómputo por un máximo de mil 298 millones de pesos, vía ocho partidas.

A la cita habían acudido empresas como GNA Apoyo Estratégico, Ingeniería en Tecnología, Comercializadora Teknodigital, LSI Asociados y Soluciones Tecnológicas Especializadas.

El entredicho apuntaba a que la moda en el gobierno no camina a la compra sino al arrendamiento, es decir, la licitación lanzada en 2013 se salía de la ortodoxia.

Sin embargo, las firmas en la pelea hablaban de un estudio realizado por la consultora AT Kearney en el que se señalaba que la fórmula sería menos onerosa para la empresa productiva de Estado.

Los contratos obligaban a mudar la información de las máquinas al reemplazo; garantía de tres años contra defectos de fabricante y cualquier falla en hardware, además de un software antirrobo, localización y borrador de datos a distancia.

Lo curioso del caso es que el argumento de Pemex apuntó solo a su precaria situación financiera.

No está el horno para bollos, pues.

Tibio recibimiento. Finalmente, como le adelantamos, Juan Carlos Velasco Pérez, de filiación cetemista, fue designado como secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social en sustitución del recién fallecido Juan Moisés Calleja.

La presentación se realizó en la reunión del Consejo Técnico de la semana pasada, en un ambiente de frialdad casi absoluta.

A excepción del representante cetemista, José Luis Carazo, los abanderados del sector obrero regateaban el aplauso.

La razón es que la CTM no sólo ha obtenido el cargo durante cinco sexenios, sino que su militancia ha menguado considerablemente. Esta representa la tercera parte de la que mantiene la Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana (CROM).

La CTM había nominado al propio Carazo, en tanto la Coparmex y la Concanaco habían mostrado sus propias fichas.

Insiste el Súper. En el ámbito de un diferendo laboral de varios meses con la cadena de tiendas de autoservicio El Súper ubicada en el sur de los Estados Unidos, filial de Chedraui, el Sindicato Internacional de Trabajadores Unidos de la Alimentación y de Comercio del país vecino está acusando a la firma mexicana de enviar informes parciales de las ventas de los establecimientos ubicados principalmente en California.

De acuerdo con el organismo lo que determinó un crecimiento de 4.9% en la facturación fue el efecto cambiario, dado que el conflicto ha provocado un boicot contra los establecimientos.

Chedraui abandonó la mesa de negociaciones.

El sindicato acusa a la empresa de interferir, restringir y coercer a sus empleados en el ejercicio de sus derechos laborales, violando el estándar de salarios, tiempos de descanso y pago de tiempo extra.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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