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Reflexión y memoria son dos herramientas necesarias para la construcción de futuro: el personal y el institucional. Hoy concluye mi periodo para el que fui designado magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quiero hacer aquí una breve reflexión sobre la impronta de nuestra función; un ejercicio de memoria como colofón a diez años de servicio en la magistratura constitucional acerca del legado institucional que dejamos, y sobre el cual, quienes ahora llegan, habrán de considerar y construir.
La labor judicial no se limita al dictado de sentencias, aunque en ellas se expresa y se concretiza, se requiere también actuar con plena transparencia y fomentar el diálogo abierto con la ciudadanía. Juzgar implica actuar con responsabilidad y apertura; para ello se requiere actitud de aprendizaje, estudio, imaginación, valentía, disposición al colegiado, prudencia y humildad.
Cuando asumí el encargo que hoy termina, la normativa electoral, el contexto político y las expectativas hacia el Tribunal eran, en muchos aspectos, distintas a las que nos enfrentamos ahora, aunque se mantiene su finalidad última: garantizar elecciones libres y auténticas, la equidad en la contienda y el pleno ejercicio de los derechos de participación política. Desde entonces, la jurisprudencia se ha ocupado de precisar y ensanchar la garantía de tales derechos, así como de impulsar las condiciones de igualdad de oportunidades para su ejercicio y de hacer frente a los nuevos retos propios del actual contexto político-electoral. Además, en los últimos años, el TEPJF ha sido activo promotor de la apertura judicial a los nuevos modelos de administración de justicia: una justicia abierta al diálogo jurisprudencial, al Derecho Internacional, y a las nuevas tecnologías de la información y la informática. Como nunca antes, un tribunal ha puesto a disposición de la ciudadanía y de los actores políticos mecanismos que permiten la transparencia y la comunicación judicial; foros de discusión y análisis de sentencias, aplicaciones para dispositivos electrónicos, publicidad en las sesiones de resolución, tanto de asuntos jurisdiccionales como administrativos, por ejemplo, en materia de adquisiciones.
La materia electoral en México se ha caracterizado por sus múltiples transformaciones; es un tema en construcción y como tal ha requerido cambios y ajustes. Hay —como los hubo antes y los habrá en el futuro— los aciertos y errores de toda obra humana. Hoy se reconoce ampliamente el aporte del tribunal en temas trascendentales como el impulso a la equidad y paridad de género; en la defensa de los derechos de pueblos y comunidades indígenas; en la garantía de igualdad de las candidaturas independientes; del derecho de réplica y en la construcción de criterios orientadores en materias complejas, como son los procedimientos administrativos en materia de propaganda, la promoción personalizada de servidores públicos, la fiscalización, el análisis contextual de las controversias electorales y el tema de las nulidades por violaciones a principios constitucionales.
A la fecha, el Tribunal Electoral ha resuelto más de 170 mil asuntos y emitido más de mil tesis de jurisprudencia y un tanto igual de criterios relevantes; es escenario de múltiples litigios estratégicos con un impacto evidente en el proceso político y en la legitimación del sistema electoral.
A mi modo de ver, el gran logro de la magistratura electoral saliente fue la construcción de una justicia abierta, de cara a la ciudadanía, a partir de criterios progresistas en la interpretación constitucional. Dejamos un tribunal abierto al escrutinio de sus sentencias y de su quehacer interno, un tribunal garante de los derechos y responsable frente a la ciudadanía.
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
@salvadoronava
