Renta básica

A casi dos meses de la fecha prevista para la instalación del Constituyente de la Ciudad de México comienzan a debatirse, aunque de modo inconexo, algunos de los temas centrales que habrán de discutirse en esa asamblea. Como resultado de encuentros académicos y de interrogantes planteadas a los miembros del Grupo Redactor del proyecto, han surgido opiniones contrarias al establecimiento de una renta básica para los habitantes de la ciudad que no pueden subsistir por sus propios medios. Resulta contradictorio que hasta los neoliberales reconozcan la desigualdad como el principal problema del país y que se adelanten reparos infundados contra medidas que efectivamente podrían atenuarla en sus extremos más dolorosos.

Es preciso aclarar que esta política, implementada desde hace tiempo en diversos países, regiones y ciudades, es una prestación a cargo del gobierno que garantiza universalmente el derecho a la existencia. Concepto que recibe denominaciones varias, como ingreso garantizado, renta mínima o salario social.

Existen precedentes teóricos de esta idea desde las revoluciones norteamericana y francesa de fines del siglo XVIII, pero fue en 1889 cuando Léon Bourgeois justificó la creación de un “salario mínimo existencial” para corregir la injusticia del sistema social. Durante la Gran Depresión notables científicos, encabezados por Keynes, definieron la pobreza como el principal problema económico, tesis que resurgió en la Carta del Atlántico después de la Segunda Guerra Mundial. En el memorándum de 1964 La triple revolución, destacados premios Nobel propusieron al presidente de los Estados Unidos el proyecto de garantizar que cada ciudadano pudiera disponer de ingresos adecuados en tanto derecho inalienable, “como una participación mínima en la producción de la sociedad”. El propio Erich Fromm señaló que “todas las personas, trabajen o no, deben tener el derecho incondicional a no morir de hambre” y añadió “el problema no es económico, sino de mentalidad”.

Ante los estragos del modelo imperante ha resurgido el movimiento a favor de la renta de ciudadanía adoptada no sólo por naciones como Canadá, Nueva Zelanda, Escocia, Finlandia o los Países Bajos, sino también por India, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica o Namibia, cada una según sus condiciones y posibilidades.

En México, el Coneval propuso a fines del año pasado que “para reducir los 53 millones de personas en pobreza se debería aplicar un esquema de renta básica, similar al que opera en España”. La idea es que la cantidad que se otorgue sea igual o superior al umbral de la pobreza y reemplace todas las prestaciones sociales inferiores a ese monto. En la Ciudad de México ya existe el seguro de desempleo por un periodo de seis meses; se aplican además programas sociales como la pensión a los adultos mayores y otros muchos destinados a personas y grupos vulnerables. Algunos de ellos podrían ser homologables a fin de lograr una mayor cobertura y evitar la duplicidad. La renta básica sería por ello un método para incrementar y extender progresivamente las acciones sociales que han hecho de la capital una ciudad de vanguardia.

Esta medida sería complementaria —pero imprescindible— de la política que ha promovido el gobierno de la capital a favor del trabajo digno, el salario mínimo y la remuneración justa. El otorgamiento de una renta básica, que algunos tildan de utópica, se ha convertido en una tendencia global y en ninguno de los países que la han adoptado se ha dado marcha atrás, a pesar de las crisis económicas recurrentes y de los programas de austeridad. Algunos como Brasil, en donde se trata de un beneficio universal desde el nacimiento hasta la muerte, se aplica de modo consistente, aunque gradual, de acuerdo a las posibilidades del presupuesto y empezando por los más pobres.

El proceso Constituyente de la ciudad abre la posibilidad cierta de ampliar derechos consagrados en la esfera internacional. También, de garantizar el éxito de los programas de desarrollo económico y social en un nuevo pacto fiscal que exige una reflexión de gran calado. Más allá del fondo de capitalidad, podría gestionarse la recepción de mayores aportaciones federales y garantizarse el aprovechamiento de la densificación vertical de la ciudad. Sólo la combinación entre un régimen fiscal equitativo, la elevación de los salarios y la renta básica permitirán combatir la desigualdad.

Comisionado para la reforma política de la Ciudad de México