Redefinición de la cultura

Con motivo de las disposiciones de la Constitución de 1917 que dejaba esencialmente a los estados y municipios la tarea educativa, desaparecieron tanto la Secretaría de Instrucción Pública como la Universidad Nacional, creadas por Justo Sierra en 1905 y 1910. La única institución federal sobreviviente fue el Departamento Universitario y de Bellas Artes. Al tomar posesión como rector en 1920 José Vasconcelos afirmó que encontraba un “montón de ruinas de lo que antes fuera un ministerio que comenzaba a encauzar la educación pública por los senderos de la cultura moderna”. Añadió: “un Estado que permite el contraste del absoluto desamparo con la sabiduría intensa es injusto, cruel y rematadamente bárbaro”.

El propósito del maestro era hacer de la cultura un vínculo de identidad nacional y de redención social, orientándola al servicio de la educación. De ahí el valor didáctico de la pintura mural, el inmenso trabajo editorial, las bibliotecas públicas y las misiones culturales que extendieron la obra de un profesorado escaso. Poco después la Universidad alcanzaría su autonomía, y el legado educativo de Vasconcelos se convertiría en ejemplo.

Cuando se planteó, decenios más tarde, el establecimiento de una institución responsable exclusivamente de la cultura, la reacción de los educadores fue negativa. Se crearon paralelamente el Colegio Nacional y la Casa de España, que luego se convertiría en el Colegio de México. Jaime Torres Bodet sostenía que la dispersión de los recursos y las instituciones mermaría necesariamente la expansión y mejoramiento de la enseñanza. De ahí que sus prioridades hayan sido, en su primer periodo, la Campaña Nacional de Alfabetización y en su segundo, el Plan de once años para la enseñanza primaria.

Este empeño no se prolongó con suficiente ímpetu. Persisten en el país cerca de 6 millones de analfabetas y 25 millones de personas no tienen acceso a la lectura; 45 millones nunca han entrado a una biblioteca, los déficits educativos en todos los niveles continúan muy altos, la calidad de la educación básica es señaladamente deficiente y la deserción escolar ha dejado en el abandono a una franja importante de la juventud.

En 1977 propusimos la secundaria obligatoria, un impulso sin precedente al avance de escolaridad y la reconversión del sistema de formación de maestros. Logramos adscribir a la SEP numerosos fideicomisos destinados a promoción cultural. Propusimos la redefinición de la educación orientada al fortalecimiento de la identidad nacional, “a través del desarrollo de todas sus culturas”. Asunto medular fue el traspaso de las competencias federales en materia de radio y televisión al ramo educativo.

El crecimiento exponencial de los territorios culturales de la Secretaría y la instauración de un nuevo proyecto, indujeron a la creación de Conaculta por Carlos Salinas, con un diseño institucional discutible ya que sus dos principales instituciones (INBA e INAH) siguieron bajo jurisdicción de la SEP.

La Comisión de Estudios para la Reforma del Estado retomó el problema, pero no determinó el establecimiento de una Secretaría de Cultura sino un órgano colegiado de Estado estrechamente vinculado a la educación semejante al Conacyt. Recomendamos su penetración en los estados y municipios, una normatividad de estímulos fiscales y la obligación de los medios electrónicos de participar en la promoción cultural y la preservación de los valores nacionales. Consideramos indispensable la promulgación de una Ley General de Cultura.

El anuncio de la creación de una Secretaría de Cultura ha generado un debate en la comunidad cultural, las instituciones académicas y la sociedad en general. Algunos afirman que esta medida propiciaría la explotación privada del patrimonio cultural del país, aunque todavía no hay ninguna evidencia en ese sentido. Muchos temen la creación de un leviatán burocrático y abogan por su descentralización y por la plena participación de los creadores de la cultura en su funcionamiento; otros exigen que se debata el contenido circunstanciado de las políticas públicas para ese sector a partir de los derechos culturales establecidos en los tratados y convenciones internacionales.

Más allá del cambio administrativo que podría incrementar las actuales indefiniciones en un nuevo escaparate, lo que hay que determinar es la naturaleza e instrumentos de una genuina tarea cultural al servicio de la nación.

Comisionado para la reforma política del Distrito Federal