Fosas clandestinas: crimen, omisión y olvido

Una de las secuelas más crueles de la crisis de violencia en México durante los últimos años se expresa en las fosas clandestinas: inhumaciones ilegales con el propósito de ocultar cadáveres y evitar que se investiguen y sancionen estos crímenes atroces.

Resulta indignante constatar que las autoridades responsables apuestan al olvido, y que el tema únicamente resurge en aquellos casos que alcanzan a tener un impacto político y mediático. En la mayoría de los casos, son los propios familiares de los desaparecidos quienes se organizan y forman brigadas, en ocasiones con pico y pala (sin comillas), para encontrar los restos de sus seres queridos, sin tener siquiera constancia de su muerte. No puede haber mayor y más dolorosa incertidumbre.

Por lo pronto, y por la naturaleza clandestina de las inhumaciones, no se sabe, ni siquiera con mediana aproximación, cuántas fosas hay en México. De acuerdo con el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, emitido el pasado mes de abril por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre enero de 2007 y septiembre de 2016, los estados que reportan mayor número de fosas localizadas son Guerrero, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas y Coahuila; sin embargo, de acuerdo con otras fuentes que cita el informe, también se tienen que considerar a Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco.

En dicho informe se reporta el hallazgo de 855 fosas clandestinas con mil 548 restos humanos, de los cuales sólo la mitad han sido identificados. Ahora, lo más probable es que estos números sean mayores, pues el informe, al citar también otras fuentes, reporta hasta mil 143 fosas y 3 mil 230 restos localizados. Un posible parámetro de la magnitud de la catástrofe podría ser el hecho de que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas señale que, para abril de 2017, habían sido reportadas como desaparecidas 31 mil 53 personas en las procuradurías estatales y mil 93 ante la PGR.

En todo caso, la existencia de estas fosas es un signo alarmante de impunidad que no puede seguir siendo ignorado, tolerado y, mucho menos, olvidado. Tenemos que exigir que el Estado realice mediante las instituciones responsables (es decir, las policías y las procuradurías), las investigaciones para conocer el tamaño del infierno que se oculta detrás de las fosas clandestinas; para que se acredite la identidad de las personas inhumadas y se apoye a sus familiares; para que haya justicia esclareciendo las causas de su desaparición, identificando a los homicidas y castigándolos conforme lo dicta la Ley.

Desde luego, esta tragedia nacional, como muchas otras, desnuda las incapacidades de nuestras policías y fiscalías. Por ello, y con más razón, debemos insistir en su transformación institucional. Sólo así tendrá sentido exigirles lo elemental: homologar en todo el país procedimientos para la localización de fosas y restos, y que, además, opere en cada entidad federativa un área forense especializada, responsable de alimentar un sistema nacional de información genética que permita la pronta identificación de cuerpos y restos localizados. Se trata, en suma, de construir un verdadero Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

¿Qué esperan las autoridades para empezar a trabajar? Ahí están las fosas de Jojutla, Morelos; de Cocula e Iguala, en Guerrero; de San Fernando, en Tamaulipas; de Colinas de Santa Fe, en Veracruz; de Ciudad Juárez, en Chihuahua; o las de Durango… y sabemos que no son las únicas.

No permitamos que las autoridades claudiquen de su responsabilidad institucional, pero antes, y por encima de todo, alcemos la voz y no dejemos solas a estas familias hoy abandonadas a su dolor y su suerte. (Colaboró: Juan Francisco Guzmán Olvera).

Presidenta de Causa en Común