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Dado que, unos días de la semana pasada, la Secretaría del Viento no pudo cubrir la incapacidad de nuestras autoridades para enfrentar el problema de la contaminación y garantizar una buena calidad del aire para los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, han vuelto a salir a la luz problemas añejos que, sobre este asunto, las organizaciones ambientales hemos denunciado desde hace años.
Aunque han estado aventándose la papa caliente unos a otros, lo cierto es que el gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, la Comisión Ambiental Metropolitana y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tienen una responsabilidad compartida en este tema, y un común denominador que es la falta de planeación a largo plazo sobre el modelo de movilidad que se quiere para las grandes ciudades del país.
En el caso de la Ciudad de México, prevalece una visión bipolar y ambigua sobre el tipo de ciudad que se quiere desarrollar. ¿Queremos ser como una ciudad de Estados Unidos, llenas de freeways, sin espacios para caminar y convivir; o queremos ser como una metrópoli europea donde se privilegia el transporte público y la recuperación del espacio para los peatones? En la capital del país, por un lado nos invitan a bajarnos del coche y a utilizar el transporte público, la bicicleta y a caminar. Sin embargo, al mismo tiempo quitan la tenencia vehicular y construyen segundos pisos para los coches, incentivando la compra de más automóviles.
Construir vialidades genera un fenómeno denominado tráfico inducido, según el cual, cuando se crean nuevas avenidas, más coches llegarán a utilizarlas y a saturarlas en el mediano plazo, como en un cuento de nunca acabar. Esto lo podemos ver claramente todos los días en el segundo piso del Periférico y en la Supervía a Santa Fe.
Asimismo, el gobierno capitalino ha sido incapaz de regular a los microbuses —mejor conocidos como chatarras contaminantes que son una ofensa para sus pasajeros y un arma letal en circulación—, y de desarrollar un sistema de transporte público digno de una de las principales metrópolis del mundo. Durante el sexenio de Marcelo Ebrard, el gobierno capitalino se comprometió a construir 12 líneas de Metrobús y 300 kilómetros de ciclovías. Hoy en día, únicamente hay 6 líneas en funcionamiento y menos del 20% del porcentaje ofrecido para unidades no motorizadas.
Por otro lado, persiste una falta de coordinación con los estados que colindan con la Ciudad de México para homologar la regulación en materia de verificación de los automóviles, de forma que cada día ingresan a la capital cientos de vehículos que no cumplen con los estándares de emisiones que sí tienen que cumplir los coches de los capitalinos.
Y en lo que respecta al gobierno federal, la Semarnat es la responsable de la actualización de las normas que regulan la calidad de los combustibles, así como las que establecen los niveles máximos de contaminantes tanto para los vehículos privados (ligeros) como los de carga y de pasajeros (pesados). Las normas 042 y 044, que regulan respectivamente a estas unidades, tienen años de retraso en su actualización, lo que ocasiona que en nuestro país tengamos estándares más laxos que los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que cuando nos dicen que la calidad del aire es buena, ya es regular con relación a lo que respiran en ciudades de Estados Unidos y Europa, y cuando nos dicen que es mala, en otros países es prácticamente inaceptable.
El gobierno federal ha cedido a las presiones de la industria del transporte, quienes se niegan a invertir en flotas más modernas, con tecnología de clase mundial. El argumento es que Pemex no ha garantizado la distribución del Diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA) en todo el país y mientras no lo haga, ellos tampoco cambiarán sus unidades. Es así que la NOM 086 que obligaba desde 2009 a distribuir Diésel UBA sigue en incumplimiento y eso mantiene atoradas también las otras normas. La factura de esta falta de voluntad política y decisión por parte de Semarnat y Sener la están pagando los 15 mil mexicanos que cada año mueren por causas asociadas con la contaminación ambiental; además de los niños, ancianos, mujeres embarazadas, personas con enfermedades respiratorias y otros grupos vulnerables, además de todos nosotros, quienes padecemos dolores de cabeza, ardor de ojos y otros malestares relacionados con el tema.
Cabe señalar que el transporte es la principal fuente de emisiones contaminantes y si bien el transporte de carga y pasajeros representa alrededor del 15% del total, es responsable del 80% de las emisiones de PM 2.5 y del 90% de las emisiones de carbono negro (black carbon). Esto es particularmente preocupante si recordamos que la OMS confirmó recientemente la relación causal que existe entre las emisiones de diésel y el cáncer de pulmón. Esto se debe a las emisiones de partículas ultra finas PM 2.5, las cuales no pueden ser filtradas de manera natural por nuestro sistema respiratorio, alojándose directamente en nuestros pulmones y corazón.
Desafortunadamente, el tema de la calidad del aire se vuelve noticia cuando hay contingencia. Debido a que pocas veces podemos ver lo sucio que está el aire que respiramos, los ciudadanos no exigimos nuestro derecho constitucional a un medio ambiente sano y a un aire limpio. Lo más seguro es que ahora que la Secretaría del Viento limpie la ZMVM en los próximos días, la nota saldrá de las primeras planas y las autoridades volverán a su zona de confort. Quien no se olvidará del tema será nuestro sistema respiratorio, el cual seguramente nos cobrará la factura más temprano que tarde.
Directora de Comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C (CEMDA)
