De Cárdenas a Peña: voto femenino y matrimonios gay

José Carreño Carlón

Aunque usted no lo crea, hay paralelismos entre la primera mitad del siglo XX y la segunda década del siglo XXI en cuanto a las resistencias a dar cauce a los cambios en las mentalidades sobre los derechos y las libertades de las personas.

En efecto, en 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envió al Congreso una iniciativa de reformas para otorgar el voto a la mujer, reformas que fueron aprobadas por las dos cámaras, pero no promulgadas, ante la resistencia del propio partido del presidente, bajo el supuesto de la influencia que ejercerían los sacerdotes en el sufragio femenino contra los programas revolucionarios del régimen. A su vez, en este 2016, como era previsible, la iniciativa de matrimonios igualitarios del presidente Peña Nieto se enfrenta a la resistencia de un grupo tradicionalista que el fin de semana movilizó en contra a decenas de miles de manifestantes inspirados en el discurso de ministros de culto religioso.

Pero lo que llama la atención es que la iniciativa presidencial se enfrenta también, igual que en 1937, a la resistencia o al menos los titubeos del propio partido del Presidente, bajo el supuesto de que su iniciativa ya habría provocado el voto adverso en las elecciones de este año y pondría en riesgo las siguientes, por los embates de las jerarquías religiosas que así castigarían el atrevimiento presidencial.

Valores. Más allá de la puerilidad y el anacronismo de los lemas que presidieron las manifestaciones contra las uniones gay, igual que las argumentaciones contra el voto de la mujer 80 años atrás, los estrategas de comunicación política suelen alertar de los riesgos de tomar iniciativas o de simplemente participar en debates sobre temas que confrontan valores de grupos sociales. En este caso, el valor de la libertad de las personas (para unirse en matrimonio con independencia del género), frente al valor de la familia tradicional (reducida a sus funciones reproductivas, como lo restregaban las consignas del fin de semana). Igual, en 1937 se ponían frente a frente el valor de los derechos políticos de la mujer y el valor de la preservación del programa revolucionario, frente a la supuesta proclividad de las mujeres a ser manipuladas por los curas.

Pero este tipo de estrategas pasa por alto la historia de las mentalidades, siempre en evolución, junto con los valores vigentes en cada época. Y así como antes se consideró recto educar a los niños a bofetadas, práctica sobreviviente en los estratos más atrasados, también se descalificó como desviado o incluso como delincuente, al homosexual, una percepción que también sobrevive en las capas del arcaísmo nacional y global.

Más paralelismos. Los políticos suelen combinar su capacidad para medir los cambios de mentalidad en las sociedades, antes de formalizarlos en leyes e instituciones, con su decisión de asumir los costos de impulsarlos. Probablemente Cárdenas calculó que los prestigiosos antecedentes de los derechos políticos de la mujer en Yucatán (1923), San Luis Potosí (1924) y Chiapas (1925) habrían madurado las condiciones para impulsar el cambio constitucional para toda la República en 1937. Pero la resistencia sólo empezó a ceder en 1947 con la iniciativa del presidente Alemán para ‘calar’ el voto femenil en elecciones municipales y hubo que esperar a que el presidente Ruiz Cortines sacara adelante los derechos políticos plenos de la mujer en 1953.

Quizás tras la legalización de las uniones de personas del mismo sexo en varios estados y la jurisprudencia de la Suprema Corte de 2015, que ampara a estas parejas contra leyes excluyentes en todo el territorio nacional, el presidente Peña calculó a su vez llegado el momento de impulsar a escala nacional el “matrimonio sin discriminación”, mediante la iniciativa hoy bajo resistencias de la derecha, la calculada indiferencia de Morena, el apoyo de un disminuido PRD y las vacilaciones del partido del Presidente. ¿Podrá esperar esta reforma 17 años, como ocurrió con los derechos políticos de la mujer?

Director general del Fondo de Cultura Económica

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