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No se puede ser juez y parte

Jorge Camacho Peñaloza

Ya van a cumplirse dos años de los hechos del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, en donde policías municipales, federales, elementos del Ejército y delincuentes están involucrados o son señalados como responsables de la detención y desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, un suceso de indignación no sólo nacional sino internacional.
Desde entonces el gobierno mexicano ha exhibido su omisión, incapacidad y falta de voluntad política para llegar a la verdad y castigar a todos los culpables directos e indirectos, por lo que han sido destituidos un procurador general de la República y un Director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
Ante esta situación de sospecha de participación de elementos de las fuerzas públicas del Estado Mexicano, los padres de familia y los organismos de derechos humanos han logrado que intervengan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que integró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, cuyo representante en México, Jan Jarab, estuvo este martes en la normal de Ayotzinapa ofreciendo a los estudiantes y padres de familia el respaldo de ese organismo multinacional para llegar a la verdad y dar con el paradero de los 43.
Ante la omisión, incapacidad o falta de voluntad del Estado Mexicano para esclarecer el hecho, la intervención de esos organismos es importante para conocer la verdad, que no quede en la impunidad, se repare el daño y se construyan las garantías para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos.
El Estado Mexicano debe permitir que organismos internacionales de los que forma parte, sean coadyuvantes en la revisión de su propia actuación en esos hechos, para poder determinar su propia responsabilidad no sólo en los hechos, por omisión, irresponsabilidad o intervención a través de las fuerzas públicas, sino en las investigaciones para conocer la verdad, desviándolas deliberadamente para auto eximirse de la responsabilidad.
Antes de los hechos hubo omisión de los diferentes ámbitos de gobierno mexicano y también del mismo estado de Guerrero, al tolerar que los normalistas acudieran a la terminal de autobuses de Iguala para apoderarse de algunas unidades que se llevaban a su escuela en Ayotzinapa, las que después utilizaban para transportarse  a los lugares en los que efectuaban movilizaciones; así como los vínculos del presidente municipal y su esposa con grupos delincuenciales, situaciones ambas, ante las que la autoridad federal y estatal fueron omisas, siendo esta particular circunstancia la que hizo escalar el problema hasta que estalló ese 26 de septiembre.
Siempre ante la falta de estado de derecho, y ante la omisión y la flaca aplicación de la Ley, se van a suscitar hechos que serán incontrolables, recordemos que toda causa tiene un efecto, y a su vez todo efecto llega a tener una consecuencia. En este caso, la consecuencia ha sido incalculable en todos sentidos.
Una vez consumados los hechos, apareció nuevamente la misma circunstancia que dejó que ocurrieran los hechos, la omisión en la investigación y proceso jurídico de impartición de justicia, con el propósito de evitar el reconocimiento de las instituciones y sus responsables en evitar ese tipo de desgracias.
De no haber existido la omisión, al subvaluar la información, minimizar las anomalías políticas y del cumplimiento de la función pública, desinterés, ese abominable hecho que hirió el corazón del país, y que hizo notar la incapacidad irresponsabilidad de los tres niveles de gobierno para prevenir a tiempo, no habría ocurrido.
A dos años de la desaparición de los 43 normalistas, por la falta de voluntad del gobierno para dar con su paradero, la falta de resultados para exponer verídicamente los hechos, se hace necesaria la intervención de los organismos internacionales como la ONU y la CIDH, a menos que el gobierno mexicano quiera salvar la sospecha de que el Estado incursionó directamente en los hechos con sus fuerzas públicas; no se puede ser juez y parte.

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