Lo dije muchas veces

Acatando una tradición que remontaba al siglo XVI, en el pueblo británico de High Wycombe, cada mes de mayo pesaban a alcalde y regidores para ver muy concretamente si habían engordado con el oficio, a expensas del bien público, obviamente. La obligada declaración patrimonial de nuestros políticos y administradores es la equivalencia moderna de aquella ingeniosa costumbre, pero no ha sido muy eficaz para erradicar la corrupción y el saqueo de las arcas públicas. Ahora tenemos a dos ex gobernadores, de Veracruz y de Sonora, el gordo y el no tan gordo, en la mira de la justicia.

De Veracruz no sé más que el común de los mortales mexicanos. En cuanto al tristemente célebre Guillermo Padrés Elías, el mismo que, antes de fugarse, ha tramitado 28 amparos en relación con las investigaciones que la Fiscalía de Sonora y la PGR abrieron en su contra, tuve el honor de denunciarlo muchas veces, al grado de aburrir al lector.

Con todo el apoyo de PAN y PRI, aquel hombre que debió su elección a la gubernatura, indirectamente, a la tragedia espantosa de la guardería del ABC, pudo hacer muchas cosas, en toda impunidad, gracias al apoyo sostenido del presidente de la República Felipe Calderón y del hombre fuerte del PRI de aquel entonces, Manlio Fabio Beltrones. Eso le permitió manejar el dinero a su antojo y burlarse repetidas veces de los tribunales.

Esa triste historia tiene muchos capítulos, uno de los cuales está magistralmente tratado por un investigador de El Colegio de Sonora, José Luis Moreno Vázquez, en su libro publicado en 2014 Despojo de agua en la cuenca del Yaqui. Es un texto académico bien armado, a la vez que accesible para todo el mundo, que demuestra que el acueducto Independencia, la gran obra de Padrés, fue una violación reiterada y sistemática de esa utopía que se llama Estado de Derecho. Se hizo pasando por encima de los derechos de terceros, leyes y resoluciones de varios jueces e instancias superiores. Lo sabe muy bien y lo expresó, en solitario, un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz. Amenazas, arbitrariedades, arrestos injustificados, desacato tras desacato: el gobernador no hizo caso jamás a las suspensiones provisionales y definitivas, tampoco a los amparos. Así sacó adelante su proyecto. Nadie duda de que la ciudad de Hermosillo, como todas las ciudades, necesita agua, pero Padrés se la dio de la peor manera.

He seguido el asunto, he escrito demasiados artículos sobre el tema, pero no podía, sin tener las pruebas documentales, denunciar el evidente contubernio entre los políticos en turno, los empresarios y los contratistas. Eso sí, señalé el misterioso y nada legal financiamiento de la obra, hasta con apoyo federal. Hoy Guillermo Padrés ha caído, quizá porque el PRI ganó la gubernatura en 2015, pero en aquel entonces los jueces que pidieron, frente al desacato, el apoyo de la fuerza pública, de la policía federal, del Ejército, no fueron escuchados. Creo que tanta impunidad se le subió a la cabeza al triunfante gobernador. ¿Qué podía pasarle? Había tenido el apoyo del gobierno federal (primero de Felipe Calderón, después de Enrique Peña Nieto), de los empresarios de Hermosillo y del norte de Sonora, y controlaba al estado de Sonora, menos el Valle del Yaqui, afectado por el acueducto. Contaba con el PRI, puesto que Manlio Fabio Beltrones había soñado con tal acueducto muchos años antes, pero el presidente Salinas había rechazado el proyecto. La Suprema Corte tardó 800 días en pronunciarse sobre el recurso interpuesto por los yaquis y 18 días para otro del ayuntamiento de Hermosillo, que apoyaba al gobernador. El Congreso de la Unión había aprobado, año tras año, partidas presupuestales para esa obra en litigio: una prueba más de que el gobernador autoritario y despótico estaba blindado.

Por eso se le hizo tan fácil medrar y enriquecerse, aun cuando eso no se tradujo en gordura física.

Investigador del CIDE.
jean.meyer@ cide.edu