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Para los que habitamos en el área metropolitana no es ningún misterio: el Estado de México se encuentra sumido en una crisis de inseguridad, violencia y corrupción desde hace más de una década. Simplemente basta analizar los datos de incidencia delictiva, en particular de los delitos violentos.
Por ejemplo, a partir de estadísticas oficiales, en 2015 ocupó la quinta posición como la entidad con mayor tasa de secuestro por cada 100 mil habitantes si se consideran los casos registrados tanto en el fuero común como federal. En materia de secuestros atendidos por la federación, ocupó la primera posición con 245 averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
En materia de robo (robo de vehículo y robo con violencia), ha presentado tasas por cada 100 mil habitantes consistentemente superiores a las registradas según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Paralelamente es importante recordar dos aspectos que mantienen vivo el problema: la corrupción y la manipulación de información para dar a conocer que las condiciones de la entidad son aparentemente mejores. Respecto al primero de los problemas mencionados, sabemos que la corrupción ejercida por parte de las autoridades encargadas de prevenir y reaccionar ante los eventos delictivos es el perfecto caldo de cultivo e incentivo para que los delincuentes actúen con plena impunidad. Recordemos la manera en la que la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana tuvo que reconocer la corrupción institucionalizada que ha llevado a dar de baja a miles de policías y que explica la razón por la cual, en 2015 la autoridad estatal suspendió la aplicación de multas de tránsito para los ciudadanos, ya que no se garantizaba la conducta apegada a derecho por parte de los policías.
Sobre la manipulación de información, el Estado de México ha estado en varias ocasiones al centro de críticas nacionales e internacionales de quienes vigilamos la rendición de cuentas a través de información pública. Si analizamos las estadísticas de extorsión sólo se cuenta con datos de 1999, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Por su parte, ha sido omisa ante solicitudes de transparencia en materia de homicidios, hallazgo de fosas clandestinas y capacidades forenses. En el estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) mostró que la evolución de las averiguaciones previas por homicidio en el Estado de México entre 1997 y 2014 se caracteriza por tasas mensuales de homicidio doloso y culposo sistemáticamente parecidas, lo que no se explica ante análisis del comportamiento criminal. Asimismo vale la pena recordar el cuestionamiento realizado por parte de la publicación británica The Economist en relación con el cambio de criterio de clasificación de los homicidios dolosos en 2007, lo cual daba como resultado una aparente disminución de este delito de alto impacto.
Aunado a ello, es importante considerar que las cifras oficiales sobre incidencia delictiva no reflejan el total de delitos, puesto que no toma en consideración todos aquellos ilícitos que no fueron denunciados o en los cuales no se procedió a iniciar una averiguación previa, es decir, la cifra negra. Si se analiza dicho indicador a partir de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) levantada por el Instituto de Geografía y Estadística (INEGI), se puede apreciar que de 2010 a 2014 ha reportado una cifra negra superior a la registrada en el ámbito nacional que en 2014 llegó a ser del 93.6%, dicho de otra manera, en sólo 6 de cada 100 delitos se inicia una carpeta de investigación.
Hace casi 2 años, en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva, ante la desestima de estos datos por parte de autoridades del Estado de México, el Secretario General de Gobierno, José Sergio Manzur Quiroga; el Procurador General del Estado, Alejandro Gómez Sánchez y yo acordamos abrir tanto al información sobre incidencia delictiva como la procuraduría a la sociedad civil, con miras a que el ONC llevara a cabo un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de los procesos de registro y construcción de bases de datos con información pública de calidad. De igual manera, con el apoyo del ONC, la PGJEM impulsaría el fortalecimiento de la integridad profesional a través de la cultura de la legalidad.
Sin embargo, de poco sirvieron las reuniones y llamadas que sostuvimos, los oficios y viajes realizados, la insistencia e incluso presión pública: el Estado de México una y otra vez dijo “sí, sí, sí” con la mayor cordialidad sin hacer un solo paso adelante para llevarlo a cabo, haciéndonos perder tiempo y recursos. Al respecto, quiero recalcar que este proyecto no tenía costo alguno para la PGJEM, ya que el ONC tiene como mandato no recibir recursos públicos mexicanos.
En resumen, ante lo que ha sucedido las autoridades estatales podrían ser consideradas como funcionarios amables, informales y con poco interés para mejorar la seguridad y el acceso a la justicia de los ciudadanos. Un proyecto que fortalecía a la institución y que era donado, ha sido desperdiciado y le ha quitado una gran oportunidad a tantos buenos servidores públicos estatales que hacen un trabajo impecable, para que su trabajo se consolide, luzca y sea reconocido.
Sabemos que las instituciones estatales de procuración de justicia trabajan con enormes dificultades: exceso de trabajo, pocos recursos, vicios institucionalizados y que además se trata de un tema difícil y peligroso que pone en riesgo la vida de los funcionarios y de sus familias y pone en juego su prestigio profesional bajo el constante escrutinio público, donde los ciudadanos solemos criticar sin que exista de por medio comprensión sobre la problemática o la propia función de los servidores públicos en cuanto a procuración de justicia.
Justamente, por eso desde la sociedad civil hemos ofrecido y ofrecemos constantemente nuestro apoyo para mejorar las condiciones laborales; el respeto a los derechos humanos de víctimas, presuntos culpables y de las propias autoridades; el apego y aprecio de la ley; la reconstrucción de la confianza, la seguridad, el acceso a la justicia y el Estado de Derecho en el ámbito local. No obstante, pareciera que no todas las autoridades se encuentran interesadas en atender estos problemas ni en recibir apoyo constructivo por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
En este 2016 el Estado de México reporta un descenso de homicidio, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, a casa habitación, negocio y transeúnte. Sin embargo, bajo el contexto al que he hecho referencia, no hay forma de afirmar que la información de la entidad corresponda a la realidad.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@ObsNalCiudadano
@FrarivasCol
