¿Contrarreforma educativa?

Editorial EL UNIVERSAL

Desde el mes pasado se han realizado foros a nivel nacional en los que participan escuelas, maestros, académicos, autoridades locales, padres de familia, INEE, SNTE, pedagogos, sector privado y legisladores. Fue una iniciativa que surgió en la Secretaría de Educación Pública para definir las necesidades del país en los próximos años. Sin embargo, pareciera que la agenda política —la de los intereses gubernamentales por un lado, y la de los laborales de la CNTE, por el otro— es la que se ha impuesto por encima del debate educativo.

En entrevista con este diario el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks (PAN), explica que “estamos abiertos, nada está grabado en piedra. Se trata de un proceso de mejora continua. Si se acercan propuestas específicas, hay que conocerlas, pero al día de hoy, no las hay”.

La declaración implica que contrario a lo imaginado por muchos hace tan sólo un año, la reforma educativa sí podría revertirse en el Congreso, pese a que fue el primer producto del Pacto por México (celebrado en ese entonces por las tres principales fuerzas políticas). Es una maniobra que ni siquiera el Presidente de la República puede hacer.

Pero además, lo dicho por el legislador confirmaría, de ser cierto, que el debate en torno al conflicto entre la CNTE y el gobierno federal se reduce a meros pesos y centavos. A órdenes de aprehensión y partidas presupuestales. Porque si el Poder Legislativo no ha recibido contrapropuestas a la reforma educativa, entonces, ¿sobre qué están dialogando?

Nada hay sobre dotar a padres de familia, maestros y directores de las herramientas para una mejor gestión en cada escuela; nada acerca de los recursos de infraestructura en las aulas para que no exista la necesidad de tener que recorrer todo el escalafón de la burocracia gubernamental; nada sobre un esfuerzo entre ambos bandos para sacrificar un poco de sus posiciones en pos de un objetivo conjunto.

La reforma educativa iba mucho más allá de la evaluación a los profesores y la fuerza pública empleada para evitar el boicot de la disidencia. ¿Cuáles de esos otros puntos serían mejorados o se modificarían en caso de atender otras demandas de la CNTE, además del aspecto meramente laboral? Esas respuestas hacen más falta que anuncios de bloqueos y promesas de no correr a los profesores reprobados.

No debe olvidarse que el objetivo principal de todo este conflicto es que los alumnos acudan a las aulas y encuentren un ambiente propicio para adquirir conocimientos y habilidades. Si la conclusión del diálogo CNTE-Gobierno se limita a salarios y asuntos penales, el resultado no habrá valido la pena.

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