¿Armas robadas o traficadas?

Editorial EL UNIVERSAL

En un hecho que debería encender todas las alarmas, cada año en promedio, entre 2006 y 2015, mil 274 armas pertenecientes a las corporaciones policiacas de todos los niveles en México son reportadas como robadas, extraviadas o sencillamente se desconoce su paradero.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en total se trata de trece mil 102 armas, desde Glocks, Beretta, Smith & Wesson, hasta rifles de asalto y pistolas 9 milímetros. Resulta sospechoso, por decir lo menos, que no hay información de cómo tal cantidad de armamento —suficiente para equipar a un pequeño grupo criminal o guerrilla— pasó al anonimato en estos últimos 10 años.

Llama la atención además que 2009 —uno de los periodos de mayor violencia y criminalidad desde que iniciara la llamada lucha contra el crimen— haya sido el año en que los reportes se dispararon, siendo 2 mil 113 las armas que entraron en el registro de robo o extravío; mil 569 más que en 2008. Desde entonces las estadísticas se mantienen por encima de las mil armas de fuego.

Asimismo, es interesante contrastar que los estado donde se da la mayor incidencia de reportes de armas son (o fueron), en algunos casos, también las entidades con mayor presencia criminal: 50% de estas 13 mil 102 armas eran de oficiales del Estado de México, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas y de la CDMX.

Lo más preocupante, sin embargo, es que hablamos de un fenómeno generalizado: tanto policías estatales como municipales, federales, de seguridad privada, de la Procuraduría General de la República (PGR), elementos de la Sedena y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) han reportado armas robadas o extraviadas. Aunque, cabe mencionar, principalmente se trata de las policías municipales y estatales: ocho de cada diez armas pertenecían a estas corporaciones.

Estas “pérdidas”, según expertos, en el fondo son reflejo de la inestabilidad que empaña a todas las instituciones policiacas, de la opacidad con que trabajan y de que sus controles internos y externos no tienen la fuerza necesaria. Habla, además, de una probable red de tráfico de armas en la que las policías serían actores principales. Denota, al fin y al cabo, corrupción e ilegalidad al interior de las fuerzas del orden en nuestro país.

Por ende, este problema tiene que ver principalmente con la aún pendiente profesionalización —y depuración— de las policías, e involucra el desarrollo de mecanismos de vigilancia ciudadana, pero también desde el interior de los órganos de seguridad, que hagan posible el rastreo de las armas. Algo así como el operativo Rápido y Furioso, pero, naturalmente, sin entregar las armas directamente a los cárteles.

Es lógico que la mayoría de estas armas termina en manos de los delincuentes. Por ello esta situación debe combatirse ya.

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