Una discusión necesaria

La investigación de las agencias de seguridad en México es rudimentaria. Si hubiera un análisis de los elementos de prueba contenidos en el total de los expedientes penales del país, encontraríamos que casi todos basan sus conclusiones en meros dichos. La acusación y la confesión —muchas veces arrancada bajo tortura— son los métodos predilectos del Ministerio Público mexicano. Incluso en los casos famosos las procuradurías se limitan a ese recurso elemental.

¿Cómo revertir el rezago? Varios factores son necesarios. El principal es la profesionalización de los cuerpos de seguridad; un obstáculo difícil en sí mismo. Pero para que una policía o procuraduría bien preparadas puedan recabar elementos de prueba más allá de los dichos de las personas, éstas requieren también de un soporte científico.

La identificación de un sospechoso o la búsqueda de los restos de una víctima se facilitarían enormemente en caso de contar con una base de datos que permitiera tanto ligar evidencias encontradas en la escena de un crimen con perfiles genéticos de personas previamente registradas, como identificar la proveniencia de restos humanos.

El potencial es variado. Pruebas de ADN han sido usadas en Estados Unidos para sacar de la cárcel a quienes habían sido sentenciados cuando no existían análisis genéticos que los hubieran exonerado en el pasado.

Una propuesta en ese sentido está en manos de la Conferencia Nacional de Gobernadores. La base de datos, dice el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, permitiría un combate al crimen más eficaz.

La medida tendrá que ser debatida. Luego de la implementación de leyes similares en otros países, organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado que una base de datos de este tipo podría llevar al Estado mismo a cometer abusos contra la población.

En el Reino Unido el ADN recolectado bajo el paraguas del acta antiterrorista de 2008 es usado para vigilar a sospechosos de cometer o alentar actos criminales, hayan o no sido partícipes en un delito. La legislación permite incluso tomar muestras a quienes se considere susceptibles de cometer en el futuro actos contra el orden público. ¿Se han impedido atentados terroristas en Gran Bretaña a partir de estos recursos? Quizá. ¿Tiene el gobierno un registro genético de inocentes? Seguramente.

Lo importante es que la decisión se tome con todas las cartas sobre la mesa. ¿Sólo personas sentenciadas por delitos graves serían registradas? ¿Se incluirá a sectores vulnerables? ¿Se tomarían muestras a cualquier sospechoso? Si es así, ¿bajo criterio de quién? La discusión es impostergable.