Por la dignidad de la víctima

Para su verdadero éxito, y para cumplir el principio de igualdad de armas, el nuevo sistema de justicia penal en México deberá ofrecer a la víctima la inaplazable posibilidad de ser “parte real” de manera equitativa en los procedimientos ministeriales y procesos judiciales.

Hasta el día de hoy, la víctima u ofendido ha sido —lamentablemente— la parte vulnerada, ignorada y estigmatizada por el proceso penal inquisitivo, el cual está en vías de extinción precisamente por su franca incapacidad para garantizarle sus derechos humanos.

Por este motivo, el sistema penal acusatorio únicamente podrá ganar su legitimidad pública y su congruencia con el Estado de derecho, si logra asegurar la humanización que exige la dignidad de la víctima u ofendido como parte involucrada en un delito que ella no provocó.

Invariablemente, la víctima deberá tener garantías procesales que vayan más allá de un juicio justo, de tal manera que las formalidades jurídicas en sí mismas consideradas, no estén por encima de la búsqueda de la verdad y de la justicia.

Concretamente, la víctima deberá contar al menos con estos derechos humanos: el acceso equitativo a la justicia; la asesoría jurídica penal; la reparación integral del daño (lo que incluye la indemnización); la asistencia para su recuperación; y, la reinserción y paz social.

De esta manera, sin descuidar ni el interés general colectivo ni el interés particular del inculpado, la víctima deberá tener acceso a la justicia equitativa, completa y restaurativa, así como al conocimiento de la verdad, a la ejecución de la pena y a su futura salvaguarda.

Actualmente, el inculpado goza por disposición constitucional del derecho fundamental a la asesoría penal por parte de un defensor público competente, quien tiene la función básica de velar, en todo momento, por sus derechos humanos y garantías jurisdiccionales.

No obstante, la víctima u ofendido, junto con diversos sujetos que de igual forma sufren la consecuencia indirecta del delito, no ha tenido la misma suerte como titulares de bienes jurídicamente protegidos, al no disponer de ese apoyo para hacer efectivo su derecho a la jurisdicción en igualdad de trato.

La autoridad que previene, investiga e imparte justicia estará obligada en lo futuro a alcanzar esa reconciliación entre el inculpado, la víctima y la sociedad. Para ese propósito, la víctima deberá recibir por mínima congruencia por parte del Estado, tanto asistencia jurídica, sicológica y social, como compensación económica integral.

Es decir, para que la justicia sea auténtica para la víctima, será necesario brindarle más que mera información legal, precisamente porque es la parte afectada, misma que usualmente se encuentra desprotegida al formar parte de un grupo vulnerable, situación que agrava su victimización.

Desde el Derecho Romano, para que tenga lugar la justicia, es forzosa la equidad, máxima ésta que es aún más cierta en contextos donde imperan condiciones desigualitarias que impiden la plena realización de un proceso adversarial que de suyo reclama la igualdad de armas.

En definitiva, la víctima u ofendido no tendrá equidad ni por tanto justicia, si el Estado mexicano no asume decididamente políticas judiciales y acciones jurídicas para compensar la situación de desigualdad que normalmente subsiste en la tutela de sus derechos humanos.

Aviso: si no lo hace desde el inicio de la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia, que tantas esperanzas ha supuesto, y preponderantemente se enfoca en perseguir y castigar al delincuente, continuará excluyendo al inocente, aumentando con ello el daño generado y negándole su dimensión humana.

En este sentido, el principal reto consiste en que ese sistema debe traducirse en un modelo pluralista que satisfaga la creciente demanda de justicia penal para todas las partes involucradas en las controversias, en especial al brindar soluciones eficaces en favor de la víctima.

Lo que ya no es posible es continuar midiendo el éxito de la justicia penal mexicana por el número de sentencias condenatorias ni por sus argumentos rebuscados.

Consejero de la Judicatura federal de 2009 a 2014