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La semana pasada el presidente de Estados Unidos firmó una orden que prohíbe el uso de fondos del gobierno para favorecer a organizaciones que promuevan el aborto en el extranjero. De acuerdo con USAID, Estados Unidos destina 544 millones de dólares en asistencia a la planificación familiar en todo el mundo. Lo que significa que muchos centros de salud reproductiva tendrán que cerrar sus puertas.
El verdadero problema es que un mayor número de mujeres no tendrá las oportunidades para decidir sobre su cuerpo y su futuro, pero lo más preocupante es que algunas se verán obligadas a practicar abortos ilegales en condiciones poco seguras que amenazan su salud e incluso su vida. La reinstauración de esta medida representa un retroceso en el camino hacia la garantía de los derechos humanos de las mujeres.
No podemos controlar este tipo de decisiones por parte del Ejecutivo de Estados Unidos, pero sí podemos considerarlo una señal de alerta y voltear a ver lo que está sucediendo en nuestro país alrededor de este tema. Lamentablemente, en México existe una brecha de género en materia de salud; seguimos enfrentando enormes desafíos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
En todo México, el aborto es legal en determinadas circunstancias (en casos de violación, cuando la vida o salud de la mujer está en peligro o por malformaciones genéticas graves). Sin embargo, a excepción de la CDMX, en todos los estados está penalizado si es consecuencia de la elección de una mujer que está ejerciendo su libertad reproductiva.
La ilegalidad de la interrupción voluntaria del embarazo orilla a que las mujeres busquen opciones clandestinas. En México, los abortos inseguros son la tercera causa de muerte materna. Por otro lado, la heterogeneidad en la legislación discrimina a las mujeres de bajos recursos porque al no poder viajar arriesgan su vida en clínicas ilegales; tienen acceso limitado al uso de anticonceptivos y un menor nivel de educación sexual.
Tras la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la CDMX, se generó una oleada de reformas constitucionales para inhibir procesos de despenalización del aborto en los estados. Esto no es precisamente un movimiento en defensa de los derechos de la mujer. Al contrario, estas acciones ponen en riesgo la salud de las mujeres y limitan la libertad de decidir sobre su propio cuerpo así como la manera en la que quieren ejercer o no la maternidad.
La orden que prohíbe utilizar fondos federales estadounidenses para apoyar a organizaciones civiles en el mundo que promuevan el aborto está firmada y se pondrá en práctica sin importar la indignación de muchos. Lo que debemos hacer en México es impulsar acciones que promuevan el bienestar de las mujeres en todos los aspectos desde un enfoque de salud pública y no ideológico. Es imperativo que la salud sexual y reproductiva ocupe un lugar prioritario en la agenda y se atienda desde una perspectiva de derechos humanos y de género. La ilegalidad de la interrupción voluntaria del embarazo afecta de manera negativa la calidad de vida de las mujeres y la legislación mexicana debe avanzar en este tema. La salud es determinante para el desarrollo integral de las mujeres y es una herramienta necesaria para su empoderamiento.
Fundadora de la Fundación Angélica Fuentes
