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México entre comillas

Alberto Aziz Nassif

Las comillas ayudan a subrayar que se trata de una simulación, de un supuesto que no se cumple, de algo que en algún momento se torció de rumbo

Hace unos días Moisés Naím publicó un texto que llamó El mundo entre comillas, y se refirió a “escuelas que no educan, hospitales que no curan, policías que con frecuencia son criminales, empresas privadas que sólo existen gracias al Estado o ministerios de defensa que atacan a sus ciudadanos” (El País, 10/X/2015). No hablaba de México, pero nuestro país está incluido de cuerpo completo en esas comillas. Cada día resulta más necesario poner comillas cuando hablamos de la vida pública en México. Las comillas ayudan a subrayar que se trata de una simulación, de un supuesto que no se cumple, de algo que en algún momento se torció de rumbo, de expectativas frustradas, de cuentos que cada vez menos personas creemos que sean ciertos.

Se dice que tenemos un “Estado de derecho”, pero en realidad tenemos índices de impunidad que llegan a 98 por ciento y México es el segundo país con más impunidad en una muestra de 59 países de acuerdo al Índice de Impunidad Global 2015. Se dice que hay “instituciones de justicia”, pero en realidad siete de cada diez personas desconfían de esas instituciones. El corazón de la democracia electoral apunta hacia los mecanismos de “representación”, pero prácticamente siete de cada diez ciudadanos consideran que los diputados y senadores legislan en función de sus propios intereses y se piensa que los políticos toman decisiones sin importarles las necesidades de la mayoría de la gente (Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, 2014). Vivimos supuestamente en una “democracia”, pero sólo 19 por ciento está satisfecho con ella, es decir, estamos en el sótano en América Latina (Latinobarómetro 2015). La democracia que tenemos cuesta cada vez más cara y sus resultados (representación, rendición de cuentas, bienestar) son cada vez peores.

En el “combate a la pobreza” seguimos igual que hace 20 años, según datos de Coneval, porque en realidad lo que se hace es administrarla. Al mismo tiempo, la desigualdad crece y crece. Tenemos una “división de poderes” pero hace unos meses Peña Nieto logró imponer a una persona cercana como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ahora se quieren repetir la receta, por eso ha salido un movimiento que demanda que no se decida por “cuates o cuotas”. En unos días sabremos cómo se dan los nombramientos para la SCJN.

En materia de “transparencia”, el índice internacional nos ubica en el sitio 103 de 175 países. De esta forma, la corrupción es un problema añejo que se ha agravado de forma reciente. El expediente de la casa blanca de Peña Nieto y las casas de otros políticos (Videgaray, Cué, etc.) son una clara expresión de conflictos de interés, pero lo más lamentable es lo que se hace para combatir el problema: se nombra a un cuate, un subordinado, en la Secretaría de la Función Pública para que dictamine si hubo o no conflicto de interés, lo cual sólo lleva a un mayor descrédito. Ya lo anotábamos en este espacio la semana pasada, la grave crisis de “derechos humanos” en México, documentada en amplios informes por todos los organismos internacionales, sólo merece la negación del gobierno, mientras la violencia está cada día peor.

Una enorme cantidad de recursos, expectativas y esfuerzos se han invertido para crear “organismos constitucionales autónomos”, que sean confiables, pero lo que ha resultado —en muchos casos— son organismos capturados mediante cuotas entre los partidos políticos. Así el INE, institución encargada de la democracia electoral, no se atrevió a quitarle el registro al Partido Verde, un organismo que viola de forma sistemática la ley, cuando había todos los elementos jurídicos para hacerlo; el IFT, institución que regula las telecomunicaciones, consideró que Televisa no es predominante en la televisión de paga a pesar de tener más de 60 por ciento de ese mercado, con lo cual queda en ridículo. El Inai, base del sistema de transparencia, decide reservar expedientes de temas importantes, como el caso de Tlatlaya, con interpretaciones que contradicen la ley.

Poco a poco le tenemos que poner más comillas a instituciones, procesos, prácticas y reformas, porque de otra forma no se lograría entender en qué país vivimos…

Investigador del CIESAS

@AzizNassif

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