La destrucción de patrimonio arqueológico en al menos seis zonas en la ruta del Tren Maya y la reubicación de vestigios —casi siempre únicamente fachadas— de 47 monumentos removidos y colocados en los llamados parques de la memoria, particularmente en Báalam Tum, en Chetumal, Quintana Roo, pero también los de Xpugil y Escárcega, en Campeche, tiene abierta una denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República (FGR), pero se alista otro procedimiento legal, tanto en el orden administrativo, como civil y penal, contra quien resulte responsable.
“Tanto por la destrucción de monumentos como por el fraude que están presentando en los llamados parques arqueológicos o de la memoria, que ahora ya están denominando ‘polígonos de reubicación’, se están instrumentando todos los mecanismos legales para hacer estas denuncias. Naturalmente que al tratarse de destrucción de monumentos arqueológicos, esto no tiene otra salida más que la demanda, la denuncia penal porque han destruido patrimonio de todos los mexicanos. Y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que es nuestra máxima carta legal con la que trabaja la institución y quienes allí laboramos, especifica perfectamente que cualquier destrucción de monumentos arqueológicos debe ser perseguida por ley”, afirma el arqueólogo Jesús E. Sánchez.
El investigador que es parte de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH asegura que están representados por los bufetes jurídicos Artículo 27 S.C., cuyo titular es José Manuel Hermosillo Vallarta, y el Corporativo Jurídico IUSTAMAY, de Raymundo Tamay Chuc, que construyen el expediente que será entregado al Ministerio Público Federal por dos fundamentos:
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“Primero, la destrucción de los 47 monumentos arqueológicos que fueron desmantelados y solo una pequeña parte de ellos se trasladaron con el pretexto de una reubicación, pero no fue nada eso, sólo trasladaron las piedras de las fachadas; y segundo, con esas piedras de las fachadas revistieron edificios absolutamente nuevos... al presentarlos como edificios originales, se comete un fraude. Es un fraude al público, es un fraude a la nación, pretender mostrar una cosa falsa como original, solamente porque lo revistieron con algunas piedras de las fachadas originales. Con sistemas constructivos semejantes, pero no idénticos a los prehispánicos originales”, señala.
Otro fundamento de las denuncias es la propia Ley Orgánica del INAH, que establece cuáles son las funciones de los investigadores y los funcionarios “y los funcionarios de la institución responsables del cuidado y la protección de los monumentos arqueológicos son precisamente quienes cometieron, mediante la planeación del ‘proyecto de salvamento’ y el proyecto de reubicación, la autorización y lo ejecutaron; ellos son los responsables directos de esta destrucción y de este fraude. No queda otro camino que la denuncia legal por estos dos aspectos que son bastante graves para la historia de la arqueología mexicana”, apunta Jesús E. Sánchez.
Sin embargo, no es la primera denuncia contra quien resulte responsable por la destrucción del patrimonio arqueológico en la construcción del Tren Maya y la reubicación de vestigios a cinco parques de la memoria que han proyectado las autoridades federales. El 15 de mayo de 2020, un grupo de profesores e investigadores del INAH, liderados por el historiador Felipe Echenique, el antropólogo Juan Manuel Sandoval Palacios y el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, con número de folio 20250814ECMFD4, que simplemente empantanaron.
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“La inacción de la Fiscalía General de la República y la nula voluntad de los directivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia por esclarecer los hechos nos llevan a manifestar que es necesario que se documente de manera científica los trabajos que ha llevado a cabo el INAH, pues consideramos que la destrucción va más allá de los vestigios materiales in situ”, apuntan los investigadores en uno de los Alcances —además de una carta excitativa— anexados a la denuncia que consiste “en advertir ‘la presunta’ destrucción de un indeterminado número de monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos” en Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
En 2025 mandaron una carta a la Consejería Jurídica de la Presidencia y al menos les respondieron, como nunca lo ha hecho la Fiscalía. Eso lleva al historiador Felipe Echenique a afirmar que “en este gobierno de veras nos ignoraron”. Y apunta que el principal responsable del daño es Diego Prieto, exdirector del INAH, “pues aunque él diga que él no firmó nada, él tiene facultades para firmarlo todo”.
Aunque la denuncia no ha procedido en seis años, ahora conforman el expediente para denunciar ante la Unesco y la ONU.
El objetivo final lo establece Jesús E. Sánchez: “Es un crimen de lesa arqueología. Es despojar a la arqueología de sus bases teóricas, metodológicas, de sus valores, de su esencia científica. Esto puede ser legalmente punible, pero académicamente es reprochable”.
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