La obligación de que, para concursar al Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2026, las escritoras y escritores firmen y entreguen una “Carta bajo protesta de decir verdad” más allá de una obra literaria original y de alta calidad, es considerada, tanto por escritoras como por una abogada experta en derecho de autor y propiedad intelectual. como una violación a los derechos humanos constitucionales básicos, una violación el derecho de presunción de inocencia, al derecho a la no discriminación y al derecho a la cultura,
Quetzalli de la Concha, vicepresidenta del Consejo Directivo del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro) dice que la firma de esta “Carta bajo protesta de decir verdad” como requisito en la convocatoria al Premio Aguascalientes y a cualquier otro premio o beca para creadores es ilegal e anticonstitucional porque mezcla conceptos que no están fundados ni motivados por nada.
“El que le hagan firmar una carta de esta naturaleza a los autores que quieren participar en un concurso o en la obtención de una beca no tiene fundamento, porque a las instituciones culturales no les compete conocer de cuestiones jurídicas, penales o civiles, sino cómo pueden enriquecer la vida cultural del país a través de esta búsqueda de talentos”, señala De la Concha.
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Hace unos días, la poeta María Rivera, ganadora del Premio Aguascalientes 2005, hizo pública la Carta que obliga a los escritores a declarar que no han sido “objeto de denuncia o sanción por motivo de violencia de género, acoso sexual, discriminación racial ni por otra conducta que vulnere los derechos humanos de tercero”, pero además, los compromete a que, si ganan el Premio, deberán “orientar mi actuar a los principios, valores, reglas de integridad y compromisos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura”.
Esa exigencia de “sanidad moral” o “buen comportamiento” para aspirar al premio que otorga la Secretaría de Cultura federal, a través del INBAL, mediante la Coordinación Nacional de Literatura, en colaboración con el gobierno de Aguascalientes, a través de su Instituto de Cultural, vulnera los derechos humanos de escritores, pero además, restringe a creadores y a premiar, en los últimos años, obras con menor calidad literaria, a decir de las poetas María Rivera y Malva Flores, ambas ganadoras del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes.
“Es una visión policiaca, persecutoria, pero no sólo eso, es una visión profundamente ignorante porque las personas que son incluso condenadas por delitos, no pierden sus derechos culturales. Y nadie más que un juez en este país, en un estado democrático, nadie puede imponerle penas a una persona que está sometida a un proceso judicial más que un juez”, asegura María Rivera en entrevista.
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Opinión semejante comparte la poeta y ensayista Malva Flores, ganadora del Premio Aguascalientes en 1999.
“No creo que sea función de las instituciones culturales juzgar el comportamiento social de los creadores. Las instancias que juzgan dicho comportamiento —no sólo de los creadores, sino de los ciudadanos— pertenecen al orden judicial, a menos de que vivas en un Estado antidemocrático o en una dictadura, donde cualquiera de los instrumentos del Estado se arroga el derecho de vigilar y juzgar todos los comportamientos ciudadanos, para luego sancionarlos. La regresión ha sido escandalosa”.
Esta denuncia que viola el derecho de presunción de inocencia tiene un antecedente reciente ocurrido en la pasada administración.
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A inicios de 2020, en otro reportaje, El UNIVERSAL abordó la ilegalidad con la que actuaba el entonces FONCA —hoy Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales— al suspender y cancelar becas para creadores artísticos con denuncias sobre su conducta o procesos penales abiertos, que fue el caso del poeta Jeremías Marquines, y a partir del cual se modificaron las reglas de operación, los catálogos de cumplimiento y otros documentos con lineamientos que fueron calificados de anticonstitucionales por abogados consultados.
Seis años después, esa acción calificada de ilegal ha llegado al papel y es requisito indispensable para concursar no sólo al Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2026, también está en la nueva convocatoria al Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, e incluso se exige en la convocatoria para participar en la Programación de Teatro para Personas Adultas de la Coordinación Nacional de Teatro, también a cargo de la Secretaría de Cultura federal, a través del INBAL.
EL UNIVERSAL solicitó a la Secretaría de Cultura federal, que dirige Claudia Curiel de Icaza, mayor información sobre las bases jurídicas que guían la imposición a los concursantes de firmar la “Carta bajo protesta de decir verdad”. Lo que enviaron de inmediato fue la Tarjeta informativa que el pasado 26 de enero, el INBAL publicó X, que dice que “El Instituto actúa conforme al marco jurídico en materia de protección de los derechos humanos, la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia”, y que agrega que “A partir de 2025, dicha convocatoria solicita a las personas participantes firmar, bajo protesta de decir verdad, que no han sido sancionadas ni denunciadas por violencia de género u otras conductas que vulneren derechos humanos con el compromiso de generar entornos seguros, incluyentes y con apego a la legalidad, así como prevenir la revictimización, proteger a comunidades artísticas y garantizar coherencia institucional con políticas de igualdad y no violencia.”
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La abogada Quetzalli de la Concha insiste en que no tienen por qué mezclarse líneas jurídicas o de la vida de las personas cuando se trata del ejercicio de sus derechos autorales o creativos.
“Que sea una obra de creación propia, eso sí es una obligación fundamental para cualquier concurso creativo o para cualquier postulación de beca que tenga que ver con contenidos creativos. Lo que se va a valorar para el otorgamiento del premio o de la beca es precisamente el contenido artístico y creativo o la obra que se está postulando”.
Rivera y Flores coinciden en que estos “valores morales” y la idea detrás de “formar ideología” tiene ya implicaciones graves para la literatura que se escribe para ser premiada. “El nivel del Premio Aguascalientes es verdaderamente ínfimo, es escandaloso y no sólo en el Aguascalientes. Ha habido un boom de premios claramente inmerecidos. Ha bajado la calidad literaria terriblemente”, dice María.
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Malva Flores coincide, indica que lo que primero obtienes —y es muy grave— es una homogeneización de la literatura. “Supongo que eso desean, porque la verdadera literatura es siempre rebelde. Es tan indignante que hace unos dos años, en un premio a la trayectoria, premiaron a una mujer por ‘sus valores morales’ y no por su trabajo como escritora”.
Eso lleva a las dos poetas a cuestionar el origen del problema: las instituciones culturales que, como ya se ve, quieren una literatura ideologizada. “Aquí el problema es toda la deformación, desde la convocatoria; los funcionarios escogen jurados que ‘comparten su visión de la literatura’, es decir, no están escogiendo jurados en función de su valor literario, de su trayectoria, escogen jurados a modo, por filias ideológicas, y los jurados terminan premiando justamente lo que ellos encuentran encomiable ideológicamente”, señala Rivera.
Malva Flores apunta que muchos de estos jurados, llevados más por agenda ideológica que por su convicción literaria, deciden premiar no al mejor autor o autora, sino que, de antemano están “programados” para premiar a mujeres.
De la Concha dice que supeditar a valores es querer alienar las obras a una serie de criterios institucionales que nada tienen que ver con los procesos de los autores. “Eso es sumamente delicado porque sí que puede atentar contra la libertad creativa, pero también de cara a la sociedad, puede atentar contra la diversidad cultural”.
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