Integrantes del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia (SNPICD) del INAH iniciaron una campaña con la que buscan que el presidente Andrés Manuel López Obrador exente al Instituto Nacional de Antropología e Historia del recorte del 75%.

Los académicos del SNPICD argumentaron que el INAH cuenta con alrededor de 7 mil trabajadores de base y de confianza, y que no sólo realiza investigaciones relacionadas con la arqueología, sino que también hacen estudios en antropología, historia, paleontología; así como trabajos de conservación y restauración del patrimonio cultural mexicano.

Además resaltaron que el Instituto resguarda las 194 zonas arqueológicas, 162 museos y 515 monumentos históricos, espacios que contribuyen al turismo, industria que en 2018 aportó el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Estamos trabajando y luchando por mantener nuestra institución que lejos de fortalecerse, en las últimas décadas se ha debilitado cada vez más. Nuestra campaña está dirigida a hacer conciencia, esperamos que las autoridades sean sensibles a esta petición y que una vez se analice y valore cuál la situación del INAH se comprenda que es muy similar a la de los Centros Públicos de Investigación (CPI’s) del Conacyt”, dijo el arqueólogo Gustavo Ramírez, secretario general del SNPICD.

El 23 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que ordenó el recorte presupuestal del 75 % en gastos de operación y servicios generales para las instituciones de la Administración Pública Federal.

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que quedaban exentos del recorte los 26 CPI’s, por ello, los integrantes del Sindicato solicitaron que el INAH reciba el mismo trato que los centros del Conacyt, porque el Instituto es una institución que realiza investigación científica.

“En el Conacyt existen diferentes centros de investigación científica. En el INAH hacemos una labor idéntica, solamente que el Instituto tiene otros alcances, porque el INAH además de hacer investigación científica, también es una institución normativa que aplica la ley”, dijo Ramírez.

Al enfrentarse al recorte, Lidia Rodríguez, secretaria de trabajo externo del SNPICD e investigadora en arqueología, dijo que la dirección general del INAH encabezada por el antropólogo Diego Prieto, “ha asumido el recorte enfocándolo en la investigación, lo cual tendrá repercusiones que implican el pago retrasado”.

Con respecto a los proyectos de investigación, Gustavo Ramírez explicó que anualmente el INAH aprueba entre mil 500 y mil 800 proyectos, y para 2020 el Instituto contaba con 150 millones para esos trabajos; sin embargo, debido a los recortes, sólo cuentan con 15 millones.

“Sólo restan 15 millones de pesos. No sabemos cuántos proyectos se van a autorizar, lo único que sabemos es que implica la contratación de 777 trabajadores de Capítulo 3000”, sostuvo Gustavo Ramírez.

Otro argumento que presentaron los académicos fue que el INAH tiene tres escuelas, la Nacional de Antropología e Historia (ENAH), la Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM) y la de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM).

Sin embargo, señalaron que esas instituciones operan de forma precaria, porque no cuentan con la infraestructura adecuada y porque los profesores perciben sueldos bajos: “Pedimos apoyo para reforzar los presupuestos de las tres escuelas. Habrá que poner énfasis en la de Antropología e Historia del Norte de México, porque tiene una sede que atiende a jóvenes rarámuris, pero ese espacio se encuentra en las condiciones más deplorables”, dijo Lidia Rodríguez.

En cuanto a los trabajadores de Capítulo 3000, la investigadora indicó que también están considerados en este movimiento: “Todos somos parte del Instituto. Nosotros no estamos considerando una diferencia entre los científicos basificados diferenciándolos que ejercen de manera eventual”.

Como parte de su campaña, los integrantes del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia enviaron una carta al Presidente y al Secretario de Hacienda, en la que expusieron todos sus argumentos.

En la misiva, los académicos señalaron que en la Ley Orgánica del INAH se establece que deberá realizar investigaciones científicas desde la antropología, historia y paleontología, “de índole teórica o aplicadas a la solución de los problemas de la población del país y a la conservación y uso social del patrimonio respectivo, es decir, que nuestras investigaciones contribuyen a la solución de problemas de la sociedad”.

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