Impunidad es la palabra del año. Tal vez del sexenio. Impunidad es el alimento de la corrupción. Impunidad es el motor del delito y la madre de la violencia. Combatirla es una prioridad nacional indeclinable.

Pero combatirla no es erradicarla. Lo primero es indispensable, lo segundo es imposible. La impunidad no puede nunca ser cero.

¿Por qué digo eso? Permítanme retomar una reflexión que publiqué hace algunos años y que me parece relevante para los tiempos presentes ().

En México el delito más importante no es el narcotráfico, ni el secuestro, ni el robo: es la evasión fiscal. En ninguna otra categoría de actos ilícitos hay tanto dinero o tanta gente involucrada. De acuerdo con estudios recientes, la evasión de IVA e ISR equivale a 3.2 puntos del PIB, y a eso habría que agregarle la evasión de impuestos estatales o locales (impuesto sobre nómina, predial) y de contribuciones a la seguridad social.

En años recientes, el SAT ha hecho un esfuerzo muy importante para combatir el fenómeno. De acuerdo con estimaciones de especialistas, la evasión de IVA e ISR se redujo a la mitad entre 2004 y 2015, de 43% a 23% de la recaudación potencial.

Eso es una buena noticia para las finanzas públicas. Ese esfuerzo debe continuar en el futuro ¿Pero debe mantenerse hasta que la evasión llegue a cero? No.

¿Y por qué no? Porque cobrar impuestos cuesta. Se requieren auditores, abogados, oficinas, sistemas de cómputo, etcétera. En algún punto, el costo para el fisco de cobrar un peso más de impuestos se vuelve mayor a un peso: a partir de ese momento, el intento de cobrar se vuelve inútil

Pero es probable que el esfuerzo recaudatorio deba detenerse mucho antes. Más regulaciones, más trámites y más auditorías pueden, a partir de cierto nivel, atentar en contra de la salud de la economía. Esas regulaciones y esos trámites no se deben establecer, aún si se siguieran justificando en términos recaudatorios.

Las consideraciones no son sólo económicas: cuentan también las libertades individuales y la estabilidad social. El esfuerzo recaudatorio debe detenerse en el punto en que la sociedad deje de considerarlo una intrusión legítima del Estado en la vida de las personas.

¿Pero eso no significa que debemos tolerar que algunos ciudadanos no paguen lo que les corresponde? ¿No es eso impunidad? Sí, pero ese es uno de los costos de vivir en una sociedad libre.

El mismo principio se aplica para el resto de los delitos. ¿Queremos que se reduzca la impunidad? Por supuesto, pero no a cualquier precio. En algún punto, es mayor el costo de la persecución que el costo del delito. Y en esa ecuación no sólo importan los costos monetarios: cuentan también la libertad, la equidad, la estabilidad.

¿Dónde está ese punto? No lo sé, pero probablemente muy lejos de cero. En Estados Unidos se cometieron 18 millones de delitos en 2015. De ese total, nueve millones fueron reportados a la policía y de esas denuncias, se resolvieron con una detención 1.8 millones de casos. Para lograr ese resultado que dejó impune a la gran mayoría de los delitos, los estadounidenses gastaron 103 mil millones de dólares en la policía, 50 mil millones en el sistema de justicia y 75 mil millones en las prisiones ¿Podrían gastar más? Pues sí, pero a costa de otras prioridades. ¿Podrían hacer más con lo mismo? Tal vez, pero aun así hay límites en las ganancias de eficiencia.

Dada esa lógica, no queda más que priorizar. El problema no es la impunidad genérica. Lo que cuenta son las impunidades específicas, la de los homicidios que no se castigan, la de los secuestros que no se resuelven, la de los latrocinios y corruptelas a gran escala que nadie persigue. Esas sí son imperdonables.

alejandrohope@outlook.com
@ahope71

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