Sin castigo legal, contratación millonaria de comedores

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Nacional Financiera y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) derrochan millones en alimentos gourmet mientras que la propuesta de Ley Federal de Austeridad Republicana aún no es aprobada en el Senado y el memorándum que firmó el presidente López Obrador no tipifica las medidas de austeridad que ha promovido la nueva administración, sin embargo el Presidente aseguró que castigarán a quienes incumplan estas órdenes.

El pasado 1 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, la propuesta de Ley de Austeridad que “representa un factor clave para acabar con los derroches, erradicar la corrupción y la impunidad”, comentó días después Irma Sandoval, titular de la Función Pública.

La iniciativa estipula un límite a diferentes gastos de las dependencias y entidades, como el ahorro en publicidad oficial, telefonía celular, viáticos, subcontratación de servicios, arrendamiento de vehículos, alimentos, entre otros. Pero el documento, que ya se envió al Senado, no es preciso sobre la contratación de comedores institucionales.

Para reforzar su discurso, el 3 de mayo, el Presidente aprobó un memorándum que instruye a toda la Administración Pública Federal aplicar nuevas medidas presupuestarias. En Gastos para alimentación de servidores públicos se ajustará una reducción de 50% del gasto operativo de las Dependencias y Entidades, se lee en el punto 11.

Ayer, en su conferencia matutina, López Obrador afirmó que se castigará a quien “incumpla con las medidas de austeridad”, en relación a los contratos de alimentos gourmet, por casi 18 millones de pesos, que firmaron Nacional Financiera y Conacyt.

“Hay que revisar eso y si se cayó en una responsabilidad, se castigue a quienes incumplen con las medidas de austeridad que tenemos establecidas”, señaló el mandatario

El servicio de comedor de Conacyt por el que pagó 15 millones 78 mil pesos va en contra del espíritu austero en que insiste López Obrador. En temas similares, el Ejecutivo ha señalado que “no es ilegal, pero sí inmoral” el gasto superfluo en la administración pública.