Separar Telmex es infundado y excesivo: Cuevas

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La separación funcional de Telmex resulta infundada y excesiva, pues no hay evidencia de que la empresa haya incurrido en discriminación al prestar servicios, y la división afectará sus finanzas, opinó Adolfo Cuevas, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Cuevas, uno de los tres comisionados que votó contra la separación funcional de Telmex, menciona en su voto particular, que consta de 115 páginas, que para 2017, año en el que se ordena la división de la compañía e, incluso en 2018, “no existía evidencia en el IFT de que el AEPT (Agente Económico Preponderante, no acreditado en el expediente) hubiera incumplido una sola de las 43 medidas contra la discriminación”.

La separación funcional, que ya comenzó a ejecutar Telmex, consiste en la división de la empresa en dos: una que provea servicios mayoristas a la competencia, y otra que dé servicios a usuarios finales.

El comisionado argumenta que la separación resulta una medida desproporcionada.

“Para lograr un cambio conducta al en el AEPT se establece una medida con un grado mayor de intrusión sin antes evaluar el cumplimiento y efectividad de las 43 medidas contra la discriminación dictadas en la resolución bienal”.

Cuevas advierte que esta decisión puede dar lugar a una sobrerregulación en la solución de la problemática identificada, además de que no se aplicó un criterio de gradualidad para imponer una medida que representará menores costos de implementación.

Por otra parte, asegura que en todos los escenarios se prevé que las mayoristas “podrían operar inicialmente con un déficit de utilidades, y que dicho déficit se incrementaría en los próximos años”.

Estos datos derivados de la información entregada por Telmex y del análisis de la consultora KPMG indican que la separación influirá en su situación financiera inicial y, en consecuencia, en las decisiones que tomarían las empresas mayoristas para modificar su estrategia de negocios.

“Este cambio de objetivos podría generar efectos adversos en términos de inversión y, en consecuencia, en el crecimiento de la red y/o calidad de los servicios, además de poner en riesgo la independencia financiera de las EM (empresas mayoristas)”.

El comisionado subraya que por la afectación jurídica del regulado, la separación funcional “debió darse bajo un análisis más estricto, aplicando los principios del derecho administrativo sancionador que le fueran compatibles”.