Sector privado pide a Congreso no aprobar iniciativa de reforma electoral: CCE

El sector privado externó su preocupación por la iniciativa de reforma electoral , ya que con el actual sistema se habría desterrado la sospecha de fraudes electorales y de hacerse los cambios se retrocedería a las peores épocas, a la antidemocracia y a los momentos en que un solo partido accede al poder.

Por ello, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) rechazaron la iniciativa.

Por una parte, la Coparmex entregó una carta a la Cámara de Diputados en la que afirmó: “Nos preocupa particularmente la iniciativa constitucional presentada por el titular del Ejecutivo Federal el pasado 28 de abril y que ha sido respaldada por el partido en el poder”.

Para el sindicato patronal “ de aprobarse se posibilita que México retroceda años en su vida democrática y regrese a una de sus peores épocas, la antidemocrática, en la cual un solo partido accedía al poder, decidiendo quién era el sucesor en el cargo. Nuestro acceso a una democracia plena y transparente era prácticamente inexistente.

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“Por ello, con base en las mejores prácticas internacionales, y considerando el análisis puntual elaborado por la Comisión Europea para la Democracia, mejor conocida como Comisión de Venecia, solicitamos a todos los diputados y fuerzas políticas rechazar la propuesta de Reforma Electoral que busca afectar la autonomía e independencia”, expuso el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, en la carta.

Al respecto, el presidente de la Concamin, José Abugaber, añadió: “En México hemos desterrado la sospecha de los fraudes electorales y hemos dado paso a procesos democráticos con los cuales vivimos, lo que tiene su origen en la existencia de órganos electorales autónomos e imparciales que actúan con apego estricto a la ley.

“El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuentan con el aval de la mayoría de la población, ya que con su actuar han demostrado que representan la garantía para que en nuestro país se desarrollen procesos electorales bajo los principios de legalidad y transparencia”, agregó.

Por lo anterior, dijo que les preocupa la “iniciativa de Reforma Electoral que pudiera debilitar las instituciones democráticas que son de todos los mexicanos”.

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La Concamin “hace un llamado respetuoso al Poder Legislativo para que haya una discusión seria y apegada a los principios democráticos que nos rigen desde hace años y se abstenga de votar un dictamen que retrocederá a México a tiempos a los que nadie quiere regresar”.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expuso que “desde hace varias décadas, México se ha distinguido por construir, entre todos, una mejor democracia que se caracteriza por dos rasgos fundamentales: un sistema representativo que refleja la pluralidad ciudadana, y autoridades electorales confiables e imparciales, así reconocidas en nuestro país y en el mundo”.

Consideró que el INE y el Tribunal Electoral “han sido determinantes para consolidar la confianza y estabilidad de nuestros comicios”.

Agregó que “la defensa de nuestras instituciones es responsabilidad de todos; por ello, pedimos a nuestros representantes populares que trabajen para preservar la fortaleza y autonomía de nuestra democracia”.

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Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), José Antonio Centeno, “la reforma constitucional presentada por el Ejecutivo Federal en materia electoral genera altos riesgos al no ofrecer garantías de imparcialidad e independencia de las autoridades electorales”.

Incluso, “el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República señaló que elegir mediante voto popular a consejeros y magistrados mediante procesos electorales cada seis años podría representar un costo superior a los 8 mil millones de pesos”.

Por lo que, además de oneroso, politiza la elección de representantes y “sugiere una latente posibilidad de que quienes ocupen dichas responsabilidades no sean expertos en la materia y en cambio de ello tengamos actores políticos”.

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asf