EU inicia mecanismos laborales T-MEC contra contra empresas Bernhard Schulte, PMI y Mondelez, que operan en México
Acusó a las empresas de violar los derechos de los trabajadores
El gobierno de Estados Unidos activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida vía T-MEC contra tres empresas que operan en México por considerar que se violaron los derechos laborales de los trabajadores.
Por una parte, aseguró que a los trabajadores de Mondelez de la planta de Puebla, México, se les negó su derecho a la libre asociación y negociación colectiva de su contrato sindical.
Acusan a la empresa, que hace las galletas Oreo, chocolates Cadbury, Toblerone y Milka de interferir en la actividad sindical de la Unión General de México, que se presume ser un organismo independiente, lo que, dijo el gobierno estadounidense viola los derechos de los trabajadores.
En un comunicado de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) también acusó a Bernhard Schulte Shipmanagemente Mexico LTD y a PMI Norteamérica, de violar los derechos laborales de los trabajadores que laboran en el hotel que se ubica en una plataforma en las costas de Campeche.
Expuso que México negó a los trabajadores su derecho de afiliarse libremente a un sindicato y de negociar su contrato colectivo de trabajo mediante un organismo gremial.
El hotel flotante provee servicios de administración, incluyendo manejo técnico y control de la tripulación.
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La solicitud de que se iniciara un procedimiento contra las dos empresas mexicanas la inició la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios, Similares y Conexos (ORDEN), un sindicato independiente.
De acuerdo con dicho sindicato los trabajadores no pudieron iniciar la huelga que tenían programada, a través de amenazas e intimidación a los trabajadores vía una desembarcación forzada del hotel flotante.
El gobierno mexicano tiene 10 días para aceptar esas dos solicitudes e iniciar una revisión en caso de estar de acuerdo. En caso positivo la Secretaría de Economía como interlocutor tiene 45 días para completar la revisión.
La USTR determinó que “existe evidencia suficiente y creíble de una negación de derechos que permita invocar de buena fe el mecanismo de aplicación”.
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