Crecen denuncias contra contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) demandó ante el Ministerio Público (MP) a 84 personas físicas con vínculos con una compañía por diversos delitos entre enero y marzo de este año, de acuerdo con su informe tributario.

Eso significa un aumento en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 78 denuncias.

Fueron acusados por haber defraudado a sus acreedores, contrabando e irregularidades en sus declaraciones de contabilidad y documentación.

El SAT también presentó acciones penales contra 102 personas físicas sin vínculos a una empresa, dejando un saldo de 186 contribuyentes denunciados ante el MP. Del total, sólo 62 contribuyentes fueron vinculados a proceso, es decir, 33% o uno de cada tres.

En particular, la Fiscalía General de la República (FGR) formalizó una investigación contra 35 contribuyentes relacionados con alguna empresa.

Pocas sentencias

De enero de 2020 a marzo de 2022, es decir, en 27 meses, la FGR apenas ha sentenciado en firme a tres contribuyentes, de 187 personas físicas y 190 contribuyentes relacionados con empresas que fueron denunciados a lo largo de este periodo.

Desde entonces, los principales delitos cometidos siguen siendo los mismos: con relación al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), impresión ilegal de comprobantes, delitos relativos a declaraciones, contabilidad y documentación, así como contrabando y delitos equiparables a éste. En la actual administración, el SAT ha redoblado esfuerzos para detectar redes criminales, determinar modus operandi y denunciar a involucrados de alto nivel para un combate real a la corrupción, destacó en su informe tributario.

Al interior promovió 56 denuncias ante el Órgano Interno de Control (OIC) contra 79 servidores públicos por diferentes responsabilidades administrativas. Hay sólo cuatro demandas ante la FGR por presuntos delitos contra seis servidores públicos, de los cuales, dos han sido vinculados a proceso.

De las demandas penales, tres funcionarios se desempeñaban en las aduanas del noroeste y fueron separados de sus cargos por contrabando.

Otro de los acusados por cohecho provenía de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal de la región Pacífico-Centro. En la Administración General de Servicios al Contribuyente fueron demandados dos servidores que trabajaban en las oficinas del sur y sureste del país.