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Héctor Shibata Salazar
Cada año ingresan a México cerca de 65 mil millones de dólares en remesas, equivalentes a 3.7% del PIB. Casi la totalidad se liquida sobre una infraestructura diseñada en los años noventa. En ese desajuste —dinero del siglo XXI corriendo por tuberías del siglo XX— se concentra una de las transformaciones más profundas y peor comprendidas del sistema financiero global.
Tres fuerzas que solíamos analizar por separado ahora convergen en una sola arquitectura. El blockchain, la inteligencia artificial y la regulación plantean una realidad desafiante, donde el cumplimiento, el riesgo y el capital se integran directamente en el código. De esta manera el cambio de fondo no es que existan activos digitales, sino que el cumplimiento normativo deja de auditarse después del hecho para ejecutarse en el instante mismo de la transacción. Por lo tanto, ante este nuevo panorama el papel del regulador ha cambiado. Su función ya no es más revisar expedientes, ahora escribe protocolos. Con pioneros como BlackRock y Franklin Templeton, que ya operan fondos con instrumentos tokenizados en producción; la discusión filosófica sobre la viabilidad de la tecnología terminó hace tiempo para convertirse en la norma del día a día.
Sin embargo, ante tanto entusiasmo, conviene precisar que un token no es el activo: es la emisión de un derecho sobre él. No se "sube" un bono a una cadena; se crea una representación digital de la titularidad que puede transferirse, fraccionarse y liquidarse con reglas programadas. De esta manera la distinción no es semántica: define quién responde, ante quién y bajo cuál ley. Por eso la tecnología, por sí sola, no altera la naturaleza de las cosas. Un instrumento de deuda sigue siendo deuda; un fraude sigue siendo fraude, se ejecute en papel o en código. En esta nueva arquitectura lo que importa es el subyacente y la conducta, no la herramienta. Esa neutralidad es, paradójicamente, la mejor noticia para quien legisla.
Con orgullo (o no), México ha llegado a esta cita con credenciales notables. La Ley Fintech de 2018 fue la primera de América Latina en reconocer los activos virtuales y en ordenar un ecosistema de datos abiertos. Además, el país tiene el corredor de remesas más relevante del planeta, un sector fintech maduro y una posición que el nearshoring ha vuelto estratégica. De hecho, según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el uso de aplicaciones bancarias móviles pasó de 54.3% en 2021 a 69.1% en 2024: el ecosistema digital ya alcanzó masa crítica. En suma, tiene casi todas las piezas, excepto la velocidad de ejecución que vemos en otras geografías.
Las disposiciones secundarias que darían vida plena al openfinance acumulan años de retraso, y el sandbox regulatorio que debía atraer experimentación institucional permanece subutilizado frente a centros como Singapur o Abu Dabi. Mientras tanto Brasil construyó su sistema de pagos instantáneos en menos de dos años y hoy procesa más operaciones diarias que buena parte de la banca tradicional de la región. La diferencia no es de talento ni de mercado, sino de voluntad institucional y cultural. Ahí se abre la verdadera tensión de la década, la que enfrenta dos relojes. El reloj del código, que recompensa el riesgo y mueve el valor en milisegundos. Y el reloj del Estado, que delibera en ciclos de años.
El costo de esa brecha no es abstracto. Un Certificado de la Tesorería emitido como derecho digital podría negociarse con liquidez continua; el factoraje a las pequeñas empresas —donde el déficit de crédito supera los 90 mil millones de dólares— encontraría en el capital programable y en la inteligencia artificial aplicada al riesgo un cauce que la banca tradicional no ha sabido abrir. Esta nueva arquitectura a diferencia de lo que muchos creen, no se trata de especulación, sino de financiar la economía real con instrumentos más líquidos, más baratos y transparentes.
El próximo ciclo financiero no lo ganará quien acumule más capital, sino quien programe mejor las condiciones en que ese capital se mueve. México puede ser arquitecto de esas reglas o usuario de las que otros escriban. La ley ya está; falta terminar de construir lo que ella misma mandó. La tecnología, por primera vez, no es un obstáculo.
* Presidente del Comité Técnico Nacional de Emprendimiento IMEF
** Como coautores en la elaboración de este artículo participaron Ana Aguilar y Ricardo Latournerie, integrantes del Comité Técnico Nacional de Emprendimiento IMEF
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