Sonora está rodeado por desierto, mar y montañas. Por su posición en el mapa, comparte 588 km de frontera con Estados Unidos, su principal socio comercial, lo que nos distingue como un motor de desarrollo económico en el noroeste de nuestro país; sin embargo, la inseguridad ha aumentado en los últimos años, lo cual empaña este tipo de ventajas.

La violencia subió en México más que en cualquier otro lugar del mundo: registró la tasa de crecimiento más alta en homicidios, según el crecimiento promedio anual en las tasas de homicidio 2007–2010 del ranking de los veinte países con tasa más alta, de acuerdo al informe Indicadores de víctimas visibles e invisibles de homicidio1 de la organización México Evalúa, en 2012.

A nivel estatal, en estos años se han creado instituciones del gobierno para atender el problema, pero en la misma forma han desaparecido, y en correspondencia se han destinado presupuestos y creado programas con poco nivel de impacto. Hagamos un recuento.

En diciembre de 2003 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la creación de la Secretaría Ejecutiva en materia de seguridad pública dependiente del Ejecutivo estatal, pero fue hasta 2006 cuando rindió protesta el primer secretario de Seguridad Pública, pues, aunque se le llamara así y ejerciera como tal, jurídicamente alcanzaba el rango de una coordinación al no cumplir con los requisitos que le confería la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Los primeros esfuerzos de la recién creada secretaría se dieron a través del Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad Pública y el Programa Estatal de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia, con antecedente en 2007.

Ese año la violencia estuvo a la orden del día y fue Cananea, Sonora, donde se registró uno de los enfrentamientos más violentos en la historia del estado, con un saldo de 22 muertos2.

No debemos olvidar que entre 2006 y 2009 se asesinó a más de una veintena de comandantes y agentes de policía, lo que coadyuvó al incremento de la percepción de inseguridad.

Es así como se puede hacer un recuento de programas milagro que distintos gobiernos han intentado poner en la agenda mediática, como fue en 2009 la Cruzada por la Seguridad3, que incorpora el Programa Estatal de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia, que tenía como sus ejes rectores un programa que nunca prosperó.

En abril de 2016 surgió Escudo ciudadano4 un programa que buscó mejorar la seguridad en el estado, sin resultados dignos de reconocerse hasta hoy.

Si bien los delitos de homicidio doloso en 2010 generaban miedo ante enfrentamientos de policías y grupos del crimen organizado, también los delitos cotidianos, los que afectan con mayor frecuencia a los ciudadanos, fueron en aumento. Por ejemplo, de enero a octubre de 2016 la tasa por cada 100 mil habitantes en los delitos de robo con violencia de la entidad colocó a Sonora en el lugar 3 a nivel nacional; los de robo a casa habitación en el número 8, y; el delito de extorsión en la posición 12. Cabe señalar que, la información la puede descargar en el Reporte de incidencia delictiva Sonora enero-octubre 2016, en observatoriosonoraporlaseguridad.org. Esto ha ocasionado una profunda preocupación e indignación de los sonorenses ante la falta de resultados y que, cada vez más personas quieran hacer justicia por propia mano.

Quienes estuvieron o están al frente de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, no pueden argumentar que la falta de recursos ha sido un impedimento, si bien éstos siempre son limitados, la realidad es que el presupuesto ha incrementado.

En los ejercicios fiscales 2003 y 2004 no hay datos disponibles de montos asignados a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, por no contar con rango de dependencia. No obstante, al incluirse en los presupuestos de egresos de 2005 a 2017, las inversiones en seguridad suman más de 17 000 millones de pesos, sin contar extras como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública5 con poco más de 300 millones de pesos, y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad6 con 144 millones de pesos en 7 municipios que históricamente acaparan el recurso. Entre ellos Hermosillo y Cajeme.

Por otra parte, las asignaciones en el presupuesto de egresos 2017 para el eje rector Sonora en paz y tranquilidad contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en el rubro E7 destinan 5 886 807 207 pesos, con un incremento de 627 296 976 pesos respecto a 2016.

Por avances en materia de transparencia y por un reportaje realizado en febrero de 20097, sabemos de contratos celebrados por el Gobierno del Estado de Sonora con la empresa J&D International Consulting Services L.L.C., una sociedad mercantil con oficinas en Houston, Estados Unidos, que revela el pago de 925 100 dólares (sin incluir facturas de avión, hospedaje, comidas, renta de carros y entrenamientos de policías a J&D), en dos años.

En octubre de 2015, se presentaron distintas denuncias públicas8 por la adquisición de 200 escobas, a 600 pesos cada una, facturadas a un solo proveedor. Lo anterior pone en tela de juicio el probable manejo discrecional de los recursos públicos asignados a seguridad.

Mientras, en 2014, la Procuraduría General de Justicia del Estado Sonora y la Policía Estatal Investigadora no operaban ni a la mitad de su capacidad, pues se quedaron sin 22 bases operativas y eran frecuentes las denuncias sobre la falta de gasolina en patrullas debido a la reducción de 40 631 000 pesos del Presupuesto de Egresos de 2013 a 2014, según el comparativo realizado en los presupuestos autorizados de la página de “Transparencia del gobierno de Sonora”9.

Los programas y miles de millones de pesos invertidos no han sido reflejados en mejores condiciones o por lo menos eso dicen los estudios de opinión pública y las siguientes cifras. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 10 señala, desde 2013, que el principal problema que consideran los sonorenses es la inseguridad.

A lo largo de al menos 15 años, hemos sido testigos de anuncios y programas con pocos o nulos resultados; sin embargo, la intervención de la sociedad civil organizada no es común denominador, no obstante, creo que estamos dejando atrás las participaciones sin fondo y contenido para pasar al análisis y críticas constructivas, aunque algunos renieguen y quieran construir monólogos e invertir millones de pesos en campañas mediáticas.

En materia de seguridad es mucho lo que se debe de hacer. Es necesario apostar al desarrollo policial y elaborar estrategias en conjunto, sociedad y gobierno. Urge poner en marcha políticas públicas en el municipio de Cajeme para enfrentar la violencia y los homicidios, también en Hermosillo es necesario buscar soluciones, ante el alza de robos en sus distintas modalidades.

Se requiere también de profesionalizar y capacitar a los policías, equiparlos debidamente para garantizar su seguridad y la de sus familias, así como depurar a las corporaciones de elementos que no aprobaron los controles de confianza y siguen activos.

Para lograr esto, estamos convencidos de que debemos generar un pacto por la seguridad en el que, sociedad y gobierno, marquemos un plan de trabajo con seguimiento a las acciones en lugar de un simple maniqueísmo como ha sido por años. Es hora de buscar que los principios de gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas sean enfocados a la seguridad pública. Recordemos que ninguna estrategia de seguridad ciudadana funciona sin la participación de la sociedad civil. Entonces, si tenemos suficientes recursos económicos, humanos y programas, ¿qué hace falta?

M. Manuel Emilio Hoyos Díaz.

Director del Observatorio Sonora por la Seguridad.

@ObsNalCiudadano @EmilioHoyos777  @ObservSonoraSeg  @SegUnaFormaVida

Bibliografía:

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