ONUSIDA ha declarado en su informe anual que “”. De acuerdo al organismo, se ha logrado una reducción de la epidemia y las nuevas infecciones por el VIH y las muertes relacionadas con el sida han disminuido. Sin embargo los retos persisten y las violaciones a los derechos humanos son una constante, en el caso de las mujeres existe una dimensión de los abusos que tienen que ver con sus derechos reproductivos.

De acuerdo a ONUSIDA hubo una disminución de 35% de las nuevas infecciones y de 58% en las infecciones en niños y niñas en relación al año 2000; las muertes relacionadas al sida bajaron un 42% en relación al 2004, el punto máximo de la epidemia; y hubo un 84% de aumento en el acceso a tratamiento antiretroviral desde 2010. En su informe, ONUSIDA estima que se han evitado 30 millones de nuevas infecciones y casi 8 millones de muertes relacionadas con el sida desde el año 2000.

Sin embargo, el organismo considera que es necesaria una inversión cuantiosa para lograr una respuesta rápida a la epidemia, como parte de su estrategia para el 2020 espera que los países de medianos y bajos ingresos (como México) sumen 30 mil millones de dólares en total para dar respuesta al VIH, de lograrse esto la necesidad de recursos comenzaría a descender.  Entre los objetivos que necesitan recursos, se encuentra el llegar a cero nuevas infecciones por el VIH entre los niños y que las mujeres sigan vivas y con buena salud tras haber parido.

Para el 2030 ONUSIDA espera que en consonancia con los Objetivos de Desarrollo sostenible se llegue a cero muertes, cero infecciones y cero discriminación. Este es un objetivo ambicioso, particularmente cuando la discriminación se manifiesta de diversas formas, en el caso de las mujeres en forma de violencia obstétrica.

La experiencia mundial demuestra que las mujeres que viven con VIH enfrentan la falta de disponibilidad o interrupción del suministro de anticonceptivos,  reciben un trato prejuicioso o sesgado basado en su elección reproductiva, se les niegan abiertamente los anticonceptivos, son esterilizadas contra su voluntad y son víctimas del abuso verbal o físico por parte del personal de salud.

De acuerdo a “”, un 35% de las mujeres embarazadas que fueron diagnosticadas sufrieron una atención discriminatoria. En Nepal e India se han documentado pinchazos, golpes y regaños en los servicios de salud reproductiva de India y Nepal.

De acuerdo a testimonios recabados por organizaciones de la sociedad civil en México hace un par de años, identificaron que a las mujeres que viven con VIH se les niega o retrasa la cesárea, una acción fundamental para evitar la transmisión del virus al producto cuando la mujer no tiene la carga estable. En Namibia, Tailandia y Chile se documentó la esterilización y/o el aborto como una condición para acceder a los servicios y atención.

Estas organizaciones identificaron ocho casos de esterilización involuntaria en un universo de 90 entrevistas, se obtuvo bajo coerción el consentimiento y se les informaba que “no estaban para negarse”.  Balance, parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, ha participado en la documentación de estos casos: “”, asegura la directora de la organización.

Es indispensable que se asignen presupuestos para la prevención y atención, que se brinde la atención sin trato discriminatorio o condiciones a las mujeres embarazadas que han sido diagnosticadas, para así evitar la transmisión durante el embarazo, el parto o lactancia.  Cero muertes, cero infecciones y cero discriminación es una meta que se puede lograr con la asignación de recursos, con la voluntad política y brindando la atención  al tiempo que se respetan los derechos humanos de las mujeres.


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