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marco.muedano@eluniversal.com.mx
En México las comunidades que tienen más alto índice de uso de drogas ilegales y obstáculos para que los jóvenes accedan a un tratamiento registran elevados niveles de criminalidad y se ubican en zonas con poca infraestructura, como parques, hospitales o escuelas, revela un estudio en desarrollo entre la Universidad del Sur de California y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
A tres años de iniciar la investigación sobre el uso de drogas ilícitas en México, el profesor de la Universidad del Sur de California, Erick Guerrero, asegura que las adicciones se incrementaron en los últimos años, tanto en hombres como en mujeres.
En entrevista con EL UNIVERSAL el doctor y experto en políticas públicas de adicciones y acceso a tratamiento en México y Estados Unidos, expone que el consumo de cocaína, heroína y metanfetaminas es un problema grave para el país, por lo que es necesario identificar los puntos rojos con mayor consumo, así como conocer los lugares donde existen “barreras” para ayudar a las personas que tienen este problema.
La investigación que realiza en coordinación con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, busca determinar los lugares con más adicciones en el país, para proponer un tratamiento basado en terapias sicológicas o en medicamentos que puedan ser subsidiados por el gobierno.
¿En qué consiste el estudio?
—Consiste en identificar el riesgo de que una persona o alguna comunidad usen drogas, y a partir de ello hacer un mapa con todos los puntos rojos; así como ubicar a las poblaciones y regiones que tienen barreras para dar un tratamiento por adicción.
¿Cuáles se identifican hasta el momento como puntos rojos?
—Estamos en proceso de refinar la información. Lo que por el momento tenemos es que en algunos puntos donde pensamos que no había problemas son los de mayor incidencia, por ejemplo Michoacán. Históricamente los problemas han estado en la parte norte del país, luego en el centro y algunos en el sur. Las cosas han cambiado.
¿Qué localidades son un ejemplo del problema?
—En el norte del país tenemos el municipio de Coyame del Sotol, Chihuahua; en la zona centro a Zitácuaro, Michoacán; y en la zona sur a Cozumel, Quintana Roo. La investigación sigue. El último paso es ir a esos lugares para hacer un sondeo, tanto del gobierno mexicano y estadounidense para obtener información crítica que no tenemos por el momento.
¿Qué se busca con el desarrollo de esta investigación?
—Es la necesidad de ver de una manera sistemática cuáles son las regiones en las que se deben destinar recursos para el tratamiento, porque hay indicios en la Encuesta Nacional de Adicciones de un incremento en el uso de drogas ilícitas en algunas partes del país, tanto en hombres como en mujeres.
Esto es un problema mayor, por lo que el gobierno tiene la necesidad de desarrollar centros de tratamiento. El estudio busca que se destinen los recursos a cada una de las áreas donde se atienden las adicciones, así como diagnosticar cuáles son las comunidades que pueden tener estos problemas.
¿Cuáles son los avances más importantes que se han detectado hasta el momento?
—Hemos encontrado que las comunidades que tienen un mayor número de casos de uso de drogas ilegales y de barreras son lugares que tienen un alto índice de criminalidad, por lo regular son delitos federales. Otra de las variables es que tienen poca infraestructura, como son parques, hospitales o escuelas. Estas son dos áreas críticas que hemos identificado para el uso de drogas ilegales.
La otra parte es que están cerca de alguna zona urbana. Antes las drogas estaban en las grandes metrópolis, las sigue habiendo, pero en las ciudades hay más acceso a los centros de tratamiento, por lo que no serían un foco rojo. Si uno sale de alguna zona urbana como es Monterrey y empieza a ir a las comunidades aledañas se identifica el consumo, así como las barreras para tratar las adicciones.
