Piden reglas para Ejército en tareas de seguridad

Con una queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —que cuenta con el respaldo de 2 mil firmas de familiares y militares en retiro desde sargentos hasta generales— un grupo de abogados comenzará desde hoy una ruta legal para que el Congreso de la Unión dé un marco normativo a las Fuerzas Armadas en las acciones que han emprendido en materia de seguridad pública.

“Hay una molestia muy grande por parte del personal militar, pero ellos no pueden hacer una queja a menos que sea contra la misma institución. En la
queja no hay militares en activo porque por ley no pueden hacerlo, por eso la hacemos nosotros”, explicó César Gutiérrez Priego, hijo del general fallecido
Jesús Gutiérrez Rebollo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que lo que se busca es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligue al Poder Legislativo para
que emita una ley que regule cómo debe ser el trabajo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.

Ante los hechos ocurridos en Sinaloa el pasado 30 de septiembre donde un convoy militar fue emboscado por integrantes del crimen, abogados de la
Fundación Gral. Jesús Gutiérrez Rebollo iniciarán el proceso hasta que llegue al Alto Tribunal y luego al Congreso para que regule y delimite las facultades del Ejército y de la Marina y no queden en estado de indefensión durante un enfrentamiento con el crimen organizado.

“La CNDH tiene la facultad y legitimidad. La intención de la queja es que después de la investigación dé las recomendaciones y podamos crear la controversia constitucional que nos mande al pleno de la Suprema Corte y que resuelva, para que después el Congreso de la Unión legisle en la materia”, explicó.

Precisó que esas recomendaciones formuladas por la propia CNDH para señalar a soldados y marinos como violadores de derechos de civiles, ahora intentarán revertirlas a su favor.

“Lo que intentamos con la queja es que con los mismos elementos y fundamentos de las recomendaciones de la CNDH contra la Defensa Nacional y la
Armada de México, señalar que los derechos de los militares fueron vulnerados por parte de los órganos de seguridad pública del Estado.

“La queja va para esas autoridades municipales, estatales y federales que no brindaron el apoyo después de las llamadas de auxilio (durante la emboscada en Culiacán) y que vulneraron los derechos humanos del personal militar”, dijo.