Responde México a informe de Open Society

Las fuerzas armadas de México cuentan con protocolos y manuales acordes con los derechos humanos, y en casos de excesos, el Estado tiene el compromiso de esclarecer los hechos, respondió hoy el gobierno de nuestro país al informe de Open Society, que señala a cuerpos de seguridad de crímenes “sistemáticos” de lesa humanidad.

El reporte de diversos grupos de derechos humanos señaló que las fuerzas de seguridad involucradas en la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada hace más de nueve años -entre ellas el Ejército, la Marina y distintos cuerpos de policía- han cometido ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, muchas veces en complicidad con los cárteles del narcotráfico.

"Gobiernos mexicanos consecutivos han fracasado rotundamente a la hora de establecer las responsabilidades por las atrocidades cometidas por actores federales y estatales, o el crimen organizado", dijo el reporte de 232 páginas, publicado por Open Society Justice Iniciative y otros cinco organismos.

Los activistas advirtieron que, con el tiempo, la Corte Penal Internacional podría tener un caso contra fuerzas de seguridad mexicanas, a menos que los crímenes fueran procesados internamente, para lo cual propusieron crear una entidad local pero con participación internacional.

En respuesta, el gobierno federal en un comunicado firmado por la Secretaría de Gobernación, de la Defensa Nacional, Marina y PGR afirma que en México la inmensa mayoría de los crímenes violentos han sido cometidos por organizaciones criminales.

“Las fuerzas armadas ha sido reconocida continuamente por la población. De acuerdo a encuestas anuales del INEGI, el Ejército y la Marina son las instituciones de mayor prestigio y confianza para la población”, recuerda.

“Cabe señalar que las Fuerzas Armadas cuentan con protocolos y manuales para el uso de la fuerza que son acordes con los derechos humanos, se destaca que, en caso de excesos, el Estado tiene un compromiso sólido de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables”, sigue.

Señala que en los últimos tres años, los homicidios dolosos se redujeron en 22% y en los estados de la frontera norte, que en el pasado eran los más violentos, el índice se redujo hasta en 45%. El secuestro muestra una reducción del 27%; y la extorsión, del 30%, refiere.

“Independientemente de lo anterior, el Gobierno de la República reconoce que enfrenta retos en materia de derechos humanos y reafirma que se están fortaleciendo sus capacidades para combatir adecuadamente a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, prevenir y sancionar las violaciones de derechos humanos”.

Recuerda además distintias acciones emprendidas en la administración actual, como la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

Con información de Reuters

ml