Legisladores analizan modificar la ley para evitar supersalarios

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Legisladores de los principales partidos políticos coincidieron en impulsar una reforma legal para evitar que los sueldos de la alta burocracia atenten contra la austeridad, y cambiar la ley para que no haya súper sueldos que, como en el caso de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), superen el del Presidente de la República.

Lo anterior, luego de que EL UNIVERSAL informó que los magistrados del TEPJF ganan 4.5 millones de pesos al año y se niegan a reducirse el sueldo, mientras que el presidente Enrique Peña Nieto percibe 2.2 millones de pesos.

El vicecoordinador de los diputados del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que es oportuno revisar el sistema de salarios del Estado, ya que es evidente que se están dando “situaciones anómalas” con las compensaciones, pues algunas han quedado más allá de lo que se buscaba.

“Sería preferible que no existieran. Que fuera solamente un salario real del que se dedujeran los impuestos y nos reflejara lo que efectivamente el Estado le ofrece al funcionario como compensación por sus servicios”, dijo.

El coordinador de diputados del PAN, Marko Cortés, indicó que desde el Legislativo se debe hacer que se cumpla la ley y que ningún funcionario público gane más que el Presidente.

“Pero también tenemos que dar pasos para reglamentar la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación (artículo 127 de la Constitución), para que se precise con toda claridad el tabulador de las percepciones de los servidores públicos. Acción Nacional tiene varias iniciativas al respecto, la última de ellas se presentó en la pasada Comisión Permanente”, aseguró.

El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, expresó que todos los servidores públicos deberían pugnar por promover de forma voluntaria reducciones salariales, razón por la cual es indispensable que el Congreso avale la Ley de Salarios Máximos.

“Me parece que todos los servidores públicos deberíamos pugnar por promover voluntariamente reducciones salariales, sobre todo cuando son tan abultadas. Adicionalmente, es necesario que se apruebe la Ley de Salarios Máximos, que es una iniciativa del PRD y que no se quiere tocar”, afirmó.

La coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, aseguró que su bancada está a favor de discutir la Ley de Salarios Máximos para evitar abusos.

Mal mensaje: expertos. Especialistas en transparencia y administración pública expresaron que el TEPJF envía un mal mensaje, pues como árbitro electoral no se apega a la austeridad que requiere el país. Guillermo Cejudo, experto en temas de transparencia y rendición de cuentas, dijo que si bien hay una ley que establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, los altos sueldos de los magistrados electorales obedece a un tema de responsabilidad política y cumplimiento de las expectativas de austeridad.

“Este es un tema de responsabilidad política, porque cuando decimos sensibilidad parecería que el asunto es que se den cuenta de la importancia y el ejemplo que como instituciones públicas tienen, sino de la responsabilidad que tienen sobre los recursos públicos frente a los ciudadanos”, dijo.

Cejudo, profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE, criticó que los magistrados usen “argumentos burocráticos” para comprar cinco camionetas en 4.5 millones de pesos.

“La señal más preocupante es la incapacidad de entender que la desconfianza de los ciudadanos en la clase política, el desapego frente a la democracia y la percepción generalizada de corrupción y mal uso de los recursos no son un asunto abstracto, sino que se refuerza todos los días con decisiones de este tipo”, señaló.

El doctor en Política Pública por la London School of Economics (LSE), Juan Pardinas, dijo que los magistrados han desperdiciado la oportunidad de dignificar su cargo al no ajustarse a la austeridad.

“Desgraciadamente ese comportamiento no se ha registrado en el actuar y en la conducta de los magistrados electorales”, señaló el especialista.

El también director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) expresó que más que la voluntad política a los magistrados les ha faltado “amor por el país, sentido de responsabilidad y capacidad de leer la situación social en la que estamos viviendo”.

Dijo que ante percepciones muy por encima de lo que gana el Presidente, convendría una revisión, pero lo que más preocupa es la opacidad.

Haydeé Pérez Garrido, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, afirmó que la reducción del salario podría ser un elemento importante para reconstruir los lazos entre el gobierno y la ciudadanía.

El presidente de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, propuso que más allá de la reducción de salarios urge crear una comisión independiente del gobierno que revise el tema de los salarios y las prestaciones de los servidores públicos.

Por su parte, la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga, pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y autoridades competentes sometan a revisión los salarios y vigilen el cumplimiento de las disposiciones de salarios máximos o en su caso impongan sanciones.