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Madres de desaparecidos urgieron al Senado de la República a votar en el periodo ordinario de sesiones en curso la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, cuyos trabajos iniciaron hace 13 meses y que se encuentran detenidos.

Integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que reúne a familiares de personas no localizadas mexicanas y extranjeras, particularmente originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala, llevaron a cabo una reunión en la plaza Luis Pasteur, frente al Senado y en las rejas de la sede senatorial colocaron leyendas relativas a la exigencia de la aparición de familiares.

Señalaron que las comisiones senatoriales que llevan el estudio y el dictamen de esta ley (Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos), y la representación de la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cufrián, acordaron que esta legislación sea aprobada en el actual periodo de sesiones, “con la participación de las familias en todo el proceso”.

De primera importancia, consideraron que la ley incluya una Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) “que sea operativa, que no contribuya a la burocracia que enfrentan las familias en sus esfuerzos por localizar a sus familiares”.

La CNB, demandan, debe contar con la participación de las familias y disponer de recursos para llevar a cabo las tareas que la ley le encomiende.

Con todo, las propuestas del gobierno federal para la integración de la CNB no las ha presentado la Secretaría de Gobernación.

Pendiente CEAV. Por otra parte, aún está pendiente el presidente Enrique Peña Nieto de enviar al Senado su propuesta para la presidencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual por reformas a la ley que la regula se quedó acéfala desde finales del año pasado.

De acuerdo con fuentes oficiales, el Ejecutivo enviará su propuesta a más tardar en los primeros días de la próxima semana.

Por ahora concluyó la consulta con organizaciones de la sociedad civil y expertos en el tema de víctimas, organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. La propuesta que enviará Peña Nieto deberá ser avalada por el Senado de la República.

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