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El Senado analiza una iniciativa de ley que sanciona hasta con 20 años de prisión a los adultos que empleen o fomenten el uso de niñas y niños en bloqueos y motines que pongan en riesgo su integridad.
La iniciativa, presentada por el senador Arturo Zamora (PRI), contempla reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y al Código Penal Federal para establecer un marco legal en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, respecto a la no participación de menores en conflictos que pongan en riesgo su integridad.
“Se deben establecer sanciones ejemplares para quienes se aprovechan de la inocencia de nuestros niños para convertirlos en rehenes de causas políticas ajenas a sus derechos fundamentales, valiéndose de ello para cometer delitos como el motín y los bloqueos a las vías de comunicación”, señaló el senador.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en todo el mundo miles de niñas y niños son reclutados por actores estatales y no estatales para servir como combatientes, cocineros, escudos humanos, mensajeros, entre otras funciones incompatibles con el interés superior de la niñez.
En México se tiene la experiencia del reclutamiento de niñas y jóvenes por parte de organizaciones criminales que los utilizan para cometer actos tales como trasiego de drogas, ejecuciones, secuestros y extorsiones.
Arturo Zamora Jiménez expuso que esta iniciativa no tiene un destinatario específico ni busca ningún otro objetivo más que el de garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes de situaciones que pudieran implicar un peligro para su integridad física.
El legislador aseguró que en México está aumentando el uso de menores en bloqueos y manifestaciones, lo cual debe ser objeto de una reflexión en el Senado y en la sociedad.
Casos documentados. El pasado 15 de junio, la SEP denunció que en diversos estados se utilizó con engaños, con la presión de maestros agremiados a la CNTE o los propios padres, a niñas y niños de entre tres y 10 años de edad —de los jardines de niños y primarias— para colgarles pancartas en el cuello y usarlos en las marchas que realizaron miembros de la disidencia magisterial y las organizaciones que los apoyan.
Otros casos extremos —señaló— son que niñas y niños mexicanos han sido utilizados como escudos humanos en las barricadas y en otros actos delictivos que, además de atentar contra la sociedad, ponen en riesgo la integridad física de los menores en estados como Oaxaca y Michoacán.
“Cuando se obliga a los niños y jóvenes a marchar, o se les usa como escudos humanos en motines y bloqueos, no sólo se distorsiona perversamente su derecho a participar en sociedad, sino que se vulneran gravemente sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por nuestro país”, agregó el legislador por Jalisco.
