Organizaciones sociales advirtieron a los senadores Raúl Cervantes (PRI) y Pablo Escudero (PVEM) que su propuesta legislativa para el paquete anticorrupción que se debate en el Senado daría pie a un sistema incompleto e insuficiente a los reclamos de la sociedad porque no incluyen las competencias de la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Delitos  de Corrupción  y los tipos penales de actos ilegales.

En un comunicado precisaron que "coincidimos con los contenidos sustantivos" derivados de los procesos de diálogo que han sostenido con las diversas fuerzas parlamentarias en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, "incluido el que se haya tomado como base nuestra iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas".

También "consideramos de la mayor relevancia que los proyectos cuenten con el mayor respaldo posible de las fuerzas políticas que nos representan en el Congreso de la Unión. Nos consta que la autoría de estos proyectos es el resultado de las deliberaciones que han ocurrido durante varios meses entre todos los partidos y la sociedad civil y por ello creemos que es indispensable concluir formalmente este proceso, en busca del consenso que reclama el combate a la corrupción en México".

Aunque "estamos de acuerdo con el contenido sustantivo de los proyectos presentados, es nuestra opinión que el Poder Legislativo debe completar esta tarea con las reformas faltantes en materia penal. Estimamos imperativo que se reformen los tipos penales relativos a los delitos de corrupción y que se hagan explícitas las competencias que tendrá la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Corrupción. Sin esos dos cambios adicionales, el Sistema nacería incompleto y este esfuerzo sería insuficiente. Respetuosamente, los llamamos a evitar que las reformas penales, que constituyen una pieza fundamental en el diseño del Sistema, queden excluidas del debate legislativo en curso".

Las organizaciones sociales destacaron por ello la importancia de la reforma que "amerita que nuestros legisladores no descarten la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, con el propósito explícito de desahogar el proceso legislativo".

El comunicado lo firmó Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana y enlace de las organizaciones sociales invitadas al ejercicio de parlamento abierto en torno a la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, así como los representantes Guillermo Ávila, Fundar; Enrique Cárdenas, Centro de Estudios Espinosa Yglesias; María Amparo Casar, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; Enrique Díaz-Infante, Centro de Estudios Espinosa Yglesias; Marco Fernández, México Evalúa; Sergio Huacuja; Max Kaiser, IMCO; Sergio López-Ayllón, CIDE; Mauricio Merino, Red por la Rendición de Cuentas; Lourdes Morales, Red por la Rendición de Cuentas; Juan Pardinas, IMCO; Haydeé Pérez Garrido, Fundar; Pedro Salazar, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y José Roldán Xopa, CIDE.

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