Subvenciones. Gastaron ex diputados 3 mmdp

Los siete grupos parlamentarios que integraron la 62 Legislatura y que finalizó su periodo en agosto pasado, gastaron en opacidad más de 3 mil 594 millones de pesos durante los tres años que estuvieron al frente del cargo, es decir, de septiembre de 2012 a agosto de 2015. Estos recursos no solamente fueron de depósitos etiquetados como subvenciones ordinarias o extraordinarias, sino también recibieron recursos como vales para personal, asesorías, difusión de actividades legislativas, eventos, aguinaldos y apoyos logísticos, aunque hay rubros como “otros depósitos” no identificados.

De acuerdo con los informes semestrales que elabora cada grupo parlamentario y que entregaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la bancada que más recibió recursos en estos tres años fue el PRI, con mil 392 millones de pesos; le siguió el PRD, con 791 millones 150 mil pesos; después el PAN, con 789 millones 382 mil pesos.

De los “partidos políticos pequeños”, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue el que más recibió recursos en esta Legislatura, con 222 millones 619 mil pesos; luego Movimiento Ciudadano (MC), con 163 millones 426 mil pesos; el Partido del Trabajo (PT), con 126 millones 617 mil pesos y Nueva Alianza (Panal), con 102 millones 444 mil pesos.

Incluso, aunque anunciaron que no recibirían ningún apoyo de parte de las autoridades de la Cámara de Diputados, la agrupación política del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recibió 6 millones 485 mil pesos para cubrir sus gastos de enero a abril de 2015. Aunque no se reporta aún que haya recibido recursos en el último semestre de 2015.

Sin embargo, fuentes de la Cámara de Diputados aseguraron que los grupos parlamentarios de la pasada Legislatura recibieron más de 3 mil 425 millones 678 mil pesos.

Critican opacidad

Distintos especialistas en proceso legislativo criticaron la opacidad y discrecionalidad con la que se manejan los recursos en la Cámara de Diputados y consideraron que las bancadas del recinto de San Lázaro son “islas de opacidad”.

Dijeron que los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados deben comprometerse con la transparencia y que los recursos que ejercen sean públicos por tres aspectos: la ley ya los obliga, el Congreso está inmerso en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción y la Administración Pública Federal se encuentra desarrollando un plan de austeridad.

Todos estos recursos que les son entregados mes a mes a cada grupo parlamentario, no tendrán cómo comprobarse ni se conocerá el destino de los recursos debido a que la ley no les obliga a esto. Incluso, en la más reciente Ley de Transparencia aprobada, será a partir de la actual 63 Legislatura cuando sí se conozca en qué se gastan las subvenciones ordinarias y extraordinarias.

Los 3 mil 594 millones de pesos gastados por la Cámara de Diputados se podrían equiparar en lo doble del presupuesto total que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (mil 465 millones de pesos) para este 2015 o también rebasa el presupuesto total para el Programa Escuela Digna del gobierno federal para 2016 (3 mil 330 millones).

El proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016 plantea gastos por 3 mil 15 millones para el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), o 3 mil 720 millones para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Guillermo Cejudo, investigador del CIDE, dijo que el primer problema es la opacidad en todo el proceso de la asignación del gasto, es decir, no hay ni reglas ni criterios ni claridad sobre los responsables de tomar la decisión de por qué se otorgan esas cantidades.

“Hay discrecionalidad tanto en los montos como en los destinos y en los ejecutores, y eso hace la peor combinación de toma de decisiones en materia presupuestal y además hay un problema de rendición de cuentas, porque si no sabemos desde el inicio quien es el responsable del gasto ni el objetivo de ese gasto, no hay forma de saber si ese dinero estuvo bien gastado o no. No es un problema solamente de opacidad, sino que estructuralmente se vuelve imposible seguir el rastro del dinero ”, comentó en entrevista Cejudo.

Por su parte, Khemvirg Puente, especialista en transparencia de la UNAM, dijo que el que el Congreso de la Unión tenga los recursos suficientes para cumplir con sus responsabilidades y trabajo ordinario es positivo, siempre y cuando los recursos estén destinados estrictamente a la actividad parlamentaria y se rindan cuentas, no sólo en qué se invierten los recursos, sino cómo están impactando positivamente los resultados de su trabajo.

“Esto es bueno, pero cuando la sociedad no conoce en qué fueron utilizados éstos recursos, no nos queda más que suponer que los responsables de ejercerlos no tienen forma de justificar en qué ocuparon esos recursos y nos permite sospechar que han sido empleados para otros fines y no para lo que fueron asignados para el trabajo parlamentario”, comentó Puente.

El experto lamentó que sean los propios legisladores quienes han aprobado leyes de transparencia, pero por otro lado “sigan protegiendo estas ‘islas de opacidad’ que son los grupos parlamentarios”.

EL UNIVERSAL publicó el 4 de julio que en el grupo parlamentario del blanquiazul en la Cámara de pasada Legislatura detonó un escándalo por un gasto millonario que supera los 660 millones de pesos que recibió bajo el concepto de subvenciones ordinarias y extraordinarias durante los casi tres años.

Esto generó molestia en 30 legisladores debido a que las arcas del PAN estaban “vacías”, por lo que se determinó que no habrá “bono de retiro” para ningún legislador.

Distintos legisladores esperaban que hubiera más de 20 millones de pesos de ahorro de las subvenciones para el bono o para liquidar a muchos de los empleados que llegaron a trabajar con ellos, sin embargo, se conoció que las arcas acabaron en “cero”.