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San José.— Tras buscar, localizar y exhumar los restos de unas mil de las casi 40 mil víctimas de desapariciones forzadas en 36 años de guerra civil en Guatemala, la paciencia del guatemalteco Freddy Peccerelli —forense, antropólogo y activista de derechos humanos— es infinita.
Con una tarea que empezó en 1995, el investigador sabe que falta hallar y desenterrar a unos 39 mil guatemaltecos desaparecidos en el conflicto que enfrentó a una insurgencia comunista y a un ejército anticomunista, en un sangriento choque que duró de 1960 a 1996 y dejó unos 160 mil muertos, para un total cercano a 200 mil víctimas.
Aparte de los mil, con sólo 304 identificados, Peccerelli y su equipo han hallado otros 6 mil muertos en combates, masacres y operativos.
“Hemos hecho poco en Guatemala, aunque es uno de los pocos países con estrategia de búsqueda de desaparecidos”, dijo Peccerelli a EL UNIVERSAL, al conmemorar ayer el Día Internacional de los Desaparecidos. “Hemos hecho poco pese a que hemos hecho, probablemente, más que nadie en América Latina y otras partes del mundo. Pero es poco: menos del 1% de casos ha llegado a juicio”, precisó.
Como jerarca de la (no estatal) Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Peccerelli conoce la escabrosa misión de detectar cementerios clandestinos y fosas comunes e incomodar al poder castrense y político de la derecha guatemalteca, que condujo la guerra. El conflicto acabó en 1996 con la firma de la paz, pero la impunidad persiste a casi 20 años.
En un aporte de Centroamérica a la Guerra Fría, la táctica de detener y desaparecer a rivales ideológicos fue una vía antisubversiva nunca admitida por sus ejecutores. La práctica se consolidó en 1966 en Guatemala como experimento de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, ejecutado por militares, paramilitares y parapoliciales, para reprimir a las guerrillas izquierdistas apoyadas por Cuba y la entonces Unión Soviética.
La técnica se propagó por Centroamérica y del resto de América Latina y el Caribe y fue depurada en las décadas de 1970 y 1980 en El Salvador, Nicaragua, Colombia o Perú, en dictaduras castrenses de Honduras, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay o Paraguay o en conflictos sociales en México, según Amnistía Internacional (AI).
Precisó que de 70 mil desaparecidos de 1966 a 1981 en América Latina y el Caribe, la cifra subió a 90 mil en cinco años.
El fenómeno es “una tragedia que afecta a millones de personas”, pero hay una indiferencia “muy perturbadora”, indicó Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, a EL UNIVERSAL.
“Permanecer en penumbras, sin saber qué sucedió con un ser querido: imaginemos el dolor que debe causar. La desaparición es de las cosas peores y más terribles que pueden pasarle a un ser humano”, precisó.
