La Asociación de Comerciantes "16 de Septiembre" consideró como una contradicción que el Gobierno capitalino hable de reordenamiento del comercio ambulante y por el otro lado despoje a comerciantes establecidos de plazas acreditadas legalmente.
Maricela González Jiménez líder de esta agrupación, denunció que con el lanzamiento de comerciantes de la Plaza Vizcaínas el pasado 27 de junio se han registrado pérdidas por 5 o 6 millones de pesos en mercancía que aun no ha sido devuelta por las autoridades.
En conferencia de prensa, lanzó un exhorto público a las autoridades capitalinas a que revisen y atiendan la forma ilegal con que se efectuó el lanzamiento de los comerciantes de la Plaza Vizcaínas, ubicada en José María Izazaga 18, colonia Centro.
Con documentos en mano, la líder de comerciantes reveló que en ningún momento los elementos de seguridad presentaron una orden de desalojo oficial, pese a que ese inmueble fue otorgado a los comerciantes.
Incluso dio a conocer que la Plaza Vizcaínas fue financiada con recursos federales en la década de los noventa, vía fideicomiso con reconocimiento a la propiedad de los comerciantes.
Por este motivo, a nombre de 80 locatarios, pidió la realización de una mesa de trabajo con la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, para exponerle esta situación que a todas luces, aseguró, representa una “torcedura legal” con tintes políticos.
Responsabilizó a Jesús Alberto Romero Cárdenas, coordinador General de Reordenamiento de la Vía Pública del Centro Histórico, de desalojar la plaza, toda vez que esta intención de quitarlos proviene desde 2011.
“Demandamos la devolución del inmueble de la Plaza Vizcaínas y de nuestra mercancía, la reposición del procedimiento jurídico, la presentación de documentos legales que comprueben la debida facultad y atribución de las autoridades del GDF de apoderarse de este sitio”, expresó la dirigente de "16 de Septiembre".
González Jiménez adelantó que mañana harán llegar al Gobierno capitalino un oficio para informar al mandatario local, Miguel Ángel Mancera, la fe pública que los acredita como propietarios desde 1993.
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