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El secretario de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Juan Gabriel Corchado, solicitará hoy a la Comisión de Gobierno la realización de una auditoría a la Asamblea Constituyente.

Aseguró que antes del 31 de enero, fecha en que deberá quedar terminada la redacción final de la Constitución local, los diputados del órgano legislativo local deben tener definido en qué se gastaron los 70 millones de pesos otorgados a la Constituyente.

“Después del 31 nadie tendrá la obligación de entregar cuentas de nada, por eso tenemos dos semanas para saber cómo fue el convenio y quién o qué órgano fiscalizador será el que rinda cuentas”, precisó el asambleísta.

El líder de la bancada de Nueva Alianza consideró indispensable que los legisladores sepan a ciencia cierta cómo se efectuó el convenio entre la Legislativa y la Constituyente.

“Aunque hubieran sido menos de 80 millones de pesos, la importancia de saber en dónde pararon estos recursos se debe a que la Asamblea Legislativa fue la que trasladó este dinero y tiene que prevalecer la transparencia”, argumentó.

Recordó que su partido fue el único que no firmó el acuerdo para otorgar dinero a los constituyentes porque días antes se había asegurado que la Asamblea Constituyente no costaría un solo peso a los ciudadanos.

En noviembre del año pasado, se informó que el órgano legislativo local sí apoyaría económicamente a la Constituyente con 20 millones de pesos que serían utilizados para el pago de personal que ayuda en comisiones.

En esa ocasión, los presidentes de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente y de la Comisión de Gobierno, Alejandro Encinas y Leonel Luna, respectivamente, firmaron un convenio de colaboración en el recinto de Donceles y Allende, y se garantizó total transparencia en el destino de estos recursos.

De acuerdo con el desglose de los 20 millones de pesos, por lo menos 60 mil pesos mensuales estaban destinados para secretarios técnicos de las comisiones, 40 mil para el encargado de Comunicación Social, 40 mil para asesores de los diputados electos. Todo en un lapso de tres meses. Además se contemplaba un millón 500 mil pesos para gasto de publicaciones.

Los 50 millones restantes se dieron a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Encinas señaló que los recursos estarían etiquetados y distribuidos entre las diversas comisiones que conforman el Constituyente.

“Los recursos se van fundamentalmente para apoyar el desempeño de las comisiones de dictamen, de la conferencia de armonización, de la mesa directiva y de un grupo de legisladores que van a recibir un apoyo, así como una cifra para la publicación de lo que será la primera constitución de la Ciudad de México”, dijo en esa ocasión Encinas.

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