Seguridad y opacidad: jugando a las matatenas

María Elena Morera

Se requiere transparencia plena sobre el estado que guardan nuestras policías, de manera que sepamos qué falta para desarrollarlas

A diferencia de muchos otros derechos que han quedado plasmados únicamente en letra, en 2013 se aprobó una reforma constitucional que estableció los mecanismos para garantizar el ejercicio del derecho al acceso a la información pública gubernamental. Para entender la importancia de esto, basta resaltar que mediante el acceso a la información pública se han revelado importantes casos de corrupción en distintos niveles de gobierno. Sin embargo, el espectro que implica el derecho a la información pública es mucho más amplio. Sólo por poner un ejemplo, los mexicanos también tenemos derecho a saber cuántos policías hay en el país, cómo los están capacitando y equipando, y cuáles son los sueldos reales y las prestaciones de seguridad social que reciben.

El equipo de la organización que presido, Causa en Común, ha realizado diversas solicitudes de información a las corporaciones policiales del país, y lo que predomina es el disimulo y el ocultamiento. La manera más recurrente para hacer esto es reservando la información. Por ejemplo, de las solicitudes enviadas a las 32 entidades del país y a la Policía Federal, Querétaro reservó la copia de su programa de capacitaciones, y Guanajuato y Nuevo León reservaron información respecto al equipo de protección que tienen sus elementos. Baja California Sur, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán y Morelos también han reservado información relativa al desarrollo, o más bien, subdesarrollo de sus policías.

En ocasiones, los estados argumentan que reservan la información porque podría ser útil al crimen organizado. En algunos estados, como Tamaulipas, uno podría suponer que más valdría no difundir ciertos datos, pero en ocasiones la reserva llega a un extremo ridículo, como la que aplicó a la cantidad de calzado que reciben los policías estatales. Sabemos que el crimen organizado puede corromper a policías y, en ocasiones a corporaciones completas, y nuestras autoridades nos dicen que hay implicaciones de seguridad en el ¿número de botas que se compran? O es cinismo o es corrupción o es ingenuidad y, en estos menesteres, las tres matan. Otra manera de negarse a dar información es ignorar algunas partes de la solicitud, y dar respuesta a lo que las autoridades quieren o, mejor dicho, a lo que les conviene. Este es el caso de la Ciudad de México, la cual no quiso contestar si los policías son evaluados acorde a su desempeño. O Yucatán, que no quiso enviar la última convocatoria de ascensos. Casos similares se presentan con Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco y Nayarit.

Ante cualquier negativa de brindar información, el único recurso que le queda al ciudadano es apelar ante los comités de transparencia locales y nacional. Sin embargo, realizar este proceso puede llevar muchos meses, sin que ello asegure que el solicitante recibirá la información. A esto hay que sumarle que estas plataformas de transparencia suelen tener fallas técnicas, haciendo el proceso aún más difícil.

En resumen, hoy en día no podemos tener acceso pleno a la información relativa al desarrollo de nuestras policías —porque son nuestras, no del Presidente ni de los gobernadores—, principalmente porque ellos y sus equipos buscan ocultar sus incumplimientos. En realidad, lo que logran es evidenciarlos. Esa información es un derecho y es, también, una necesidad. Por eso seguiremos insistiendo en una transparencia plena sobre el estado que guardan nuestras policías, de manera que todos sepamos qué nos falta para desarrollarlas como marca la ley y el sentido común. Enfrente hay unos señores jugando a la corrupción, al secuestro, a la extorsión y a la muerte, y nosotros seguimos jugando a las matatenas…

 

Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera

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