Malas señales

El presidente ganó porque sus propuestas estaban encaminadas a terminar con la crisis de inseguridad, impunidad y corrupción. Sin embargo, en estos 22 días de gobierno hemos visto propuestas para atender estos temas que son preocupantes.

Por un lado, hay omisiones en aspectos básicos. Por ejemplo, no se ha hecho siquiera mención del fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia. Tampoco parece que hayan sido considerados los temas de prevención o el del sistema penitenciario.

Por otro lado, en el presupuesto para 2019 se propone recortar recursos destinados a las instancias de seguridad pública, justicia y migración, e incrementar en cambio el presupuesto militar. Esto deriva de la propuesta de crear una “Guardia Nacional”, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Muy lejos de sus dichos de campaña, Morena pretende militarizar la seguridad pública y dar plenas facultades de policía a las Fuerzas Armadas. De entrada, el nuevo gobierno se olvida de las víctimas de los abusos cometidos por militares en cumplimiento de funciones que no les corresponden. Y lo hace, además, con la pretensión inédita de subordinar a todas las fuerzas de seguridad del país, a mandos militares. Nunca antes se había propuesto una política tan autoritaria, tan centralista y tan contraria a todos los instrumentos firmados por el país en materia de derechos humanos. Peor aún, lo más probable es que no se logre resolver la grave crisis de inseguridad que vivimos, la cual se resuelve con investigación policial, no con despliegues de soldados. La tarea por delante era rescatar a la Policía Federal y a las policías locales, no terminarlas de destruir. La Guardia Nacional implica una claudicación política que tendrá graves implicaciones para el país… y que, además, no viene sola.

Pese a la oposición de organismos y asociaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, el nuevo gobierno también ha impulsado la ampliación del catálogo de delitos que implican prisión preventiva oficiosa, es decir, prisión automática. Se cancela de esta manera el principio de presunción de inocencia, se olvidan otra vez principios elementales de derechos humanos, y se abren las compuertas para una avalancha de abusos, especialmente contra la gente de menos recursos, como si el país no tuviera ya suficientes con el deplorable sistema de procuración e impartición de justicia que hoy tenemos.

También hay iniciativas que parten del error, o de la perversidad, de asumir que una problemática social, la que sea, se resuelve aumentando las penas. Ya hay, por ejemplo, una propuesta de Morena para modificar el Código Penal y endurecer las sanciones por “encubrimiento”.

Propuestas como las arriba mencionadas olvidan el principio de intervención mínima del derecho penal, van a criminalizar aún más la pobreza y se olvidan de las víctimas. De hecho, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas recibirá en principio menos recursos, cuando los que recibía ya eran patentemente insuficientes.

Tampoco ha habido interés en construir una Fiscalía General de la República digna del nombre, pues ni su diseño ni el proyecto de presupuesto indican que éste sea un tema que le preocupe al nuevo gobierno.

Por si fuera poco, se ha tratado de incidir de forma indebida en el Poder Judicial, lo que resulta contradictorio con la división de poderes y la independencia de la Judicatura que el Estado mexicano está obligado a cumplir.

En síntesis: olvido a víctimas, omisión de temas fundamentales, abandono de policías, militarización del país, propuestas penales contrarias a los avances en materia de derechos humanos, desinterés para construir una verdadera fiscalía, ataques al Poder Judicial… Grave. Muy grave.

(Colaboró José Francisco De Villa Soto, investigador de Causa en Común).

Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera