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A la memoria de mi
querido hijo Pedro José.
El pasado jueves, mientras se reunía el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual existe, entre otras cosas, para fortalecer a las policías del país, se publicó en el Diario Oficial la Ley de Seguridad Interior, que en la práctica formaliza el traslado de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. La burla y la irresponsabilidad, con formatos de Consejo Nacional y de ley. La premeditación para que coincidieran ambos eventos retrata al gobierno federal, a los gobernadores y a los diputados y senadores que celebran una ley que daña la primacía que debe tener la defensa de los derechos humanos; que trastoca el equilibrio entre las esferas civil y militar; y que endosa al Ejército y a la Marina un problema: nuestra atroz inseguridad, que no les corresponde atender y que nadie en su sano juicio espera que resuelvan. Estadistas de altura, con prisa para ganar la próxima elección, les parecen infundadas las advertencias de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de legiones de académicos de gran prestigio y de prácticamente cualquier colectivo que existe en el país de organizaciones de la sociedad civil.
La verdad, tampoco es de sorprender. Quienes componen el Consejo y empujaron la ley son los gobernadores que incumplen con los acuerdos que ellos mismos se imponen en cada sesión para defender y cuidar a sus policías y, destacadamente, la Secretaría de Gobernación, a la que se le olvidó, entre tanta grilla, ocuparse del seguimiento al desarrollo policial en las entidades federativas, aunque sí tuvo tiempo para destrozar a la Policía Federal.
Por eso la Ley de Seguridad Interior, ésta o cualquier otra, sin las reformas que requiere el Sistema Nacional de Seguridad Pública en su conjunto, es una claudicación política que profundizará la crisis institucional que está en el centro de la crisis de inseguridad que vivimos. En el terrible año que concluye, y que acumulará cerca de 30 mil asesinatos, no se sienten aludidos, algunos se enojan y, ya en las alturas de la irresponsabilidad sublime, dan línea a sus diputados para enviar la iniciativa de “mando único” a consulta popular. Si ya la idea es profunda, el fraseo deslumbra por su originalidad tramposa: “¿Está usted de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de mil 800 policías municipales que, de acuerdo con distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?” Hasta hoy se dan cuenta que nuestras policías municipales están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas pues lamentablemente, hasta allá abajo, donde vive la gente, nunca llegó la formidable coordinación de la Segob. Entonces mejor sigamos ese modelo de policía eficaz, bien entrenada y equipada que son las 32 policías estatales. Hasta eso, son consecuentes. Es la época del endoso: primero le endosan a las Fuerzas Armadas la seguridad pública (que, desde ayer, no olvidemos que cambió de nombre a “seguridad interior”) y ahora le endosan “al pueblo” la decisión de organizar la estructura y mando de las policías. Ahí la llevan. Si van a presumir de distinguirse de López Obrador, van a tener que esmerarse un poco más.
Hay algo muy raro, muy torcido, cuando, poniendo caras muy serias, funcionarios federales y gobernadores abandonan instituciones, promulgan leyes regresivas e inventan consultas populares sobre problemas que fueron electos para atender y resolver. Son una caricatura. Y además creen que gobiernan. Y además creen que merecen seguir “gobernando”. Muy raro.
Y, sin embargo, mi hijo Pedro José tenía la convicción de que el país puede mejorar y que algún día lo vamos a lograr. Yo también habré de mantener esa esperanza. (*Colaboró: María Guillén Garza Ramos, investigadora de Causa en Común).
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera
