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El anuncio del presidente electo para crear una Guardia Nacional bajo el mando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional implica militarizar la seguridad pública en el país, sin importar que esto represente contradecir su propio discurso, incumplir con promesas de campaña, ignorar las advertencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversos organismos internacionales, de académicos, expertos y colectivos de la sociedad civil; y rechazar la argumentación de los ministros de la Suprema Corte contra la Ley de Seguridad Interior. Nada de eso parece importar, porque ahora se anuncia otra “consulta”, que se presenta como una falsa legitimación de una decisión gravísima para el país.
Ya se ha dicho, pero habrá que repetirlo cuantas veces sea necesario. La situación de precariedad en la que subsisten nuestras policías responde a la indolencia de los actores políticos que las han condenado al abandono pero, lejos de enfrentar esta situación, lo que ahora se nos ofrece es profundizarla, ya sin disimulo, y optar por una militarización plena. Se trata de una claudicación política mayúscula, que además pretende sustentarse en falacias.
Afirmar que los policías honestos son “honrosas excepciones” es, simplemente, una falsa generalización que denigra a decenas de miles de policías. También se ha dicho que la mitad de los elementos de la Policía Federal realizan labores administrativas. No es verdad. Ese porcentaje es de alrededor de un 20%, y el resto son operativos o bien llevan a cabo funciones relacionadas con investigación e inteligencia criminal, como la elaboración de redes de vínculos, análisis de fuentes, elaboración de mapas delictivos y fichas criminales, construcción y mantenimiento de bases de datos, ciberinteligencia, análisis forense y peritajes, entre otras. Estas actividades, y no los patrullajes, son las que permiten identificar y desmantelar organizaciones criminales, combatir redes de corrupción, así como recabar evidencia para investigaciones ministeriales. El hecho de que los policías no estén en las calles, no significa que estén realizando labores administrativas y, mucho menos, que no estén realizando funciones policiales.
Es urgente que los responsables del nuevo gobierno entiendan que destruir a la Policía Federal se traduciría en una enorme pérdida de recursos. Deben informarse bien para entender que a las Fuerzas Armadas no sólo no les corresponden funciones de seguridad pública, sino que tampoco están capacitadas para realizarlas. Deben también evaluar los operativos militares que se han realizado durante años para constatar que no reducen la violencia. Deben entender que destruir instituciones civiles que requieren apoyo y no sentencias de defunción, significa caminar en la dirección opuesta a la de una solución real a la crisis de inseguridad que vivimos. Es, sobre todo, urgente que comprendan que, fortalecer el poder militar en detrimento del poder civil, no sólo manda una señal funesta para todas las policías del país, sino que avala legal y explícitamente su abandono y subdesarrollo, pone en mayor riesgo derechos y garantías fundamentales, y debilita nuestra ya de por sí frágil institucionalidad.
No es verdad que no existan opciones. Se puede y debe ampliar el número de elementos de la Policía Federal y fortalecer su desarrollo. Si lo que se pretende es incrementar las capacidades federales en materia de seguridad, lo más lógico es crear la Guardia Nacional en el seno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo una doctrina policial civil y respetuosa de los derechos humanos. También se puede y se debe fortalecer a las policías locales. También se puede y se debe poner en marcha una amplia gama de acciones focalizadas como parte de una auténtica política de prevención.
Se puede. Aún es tiempo. (Colaboró: Emilio Menéndez Beltrán, investigador de Causa en Común).
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera
