En ningún lugar del mundo la seguridad está disociada del ámbito político. En nuestro país, el colapso institucional en materia policial y la escalada de violencia que padecemos forma parte de un sistema político disfuncional, en el que se generan leyes que, malas o buenas, de cualquier manera, no pueden aplicarse por falta de diseños institucionales adecuados. Esta realidad no va a cambiar en el 2018 ni en el futuro previsible. Más aún, dado que las campañas de este año no generarán propuestas sino vaguedades y ocurrencias, la escalada de violencia criminal que cubre a todo el país no será entendida y mucho menos atendida. Desde luego, además de la coyuntura, tampoco ayudará la pequeñez de nuestra clase política. Así lo refleja su desconexión con las demandas y necesidades de la ciudadanía; la desbandada de políticos de sus responsabilidades públicas, como es el caso de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, entre otros; o la claudicación del poder civil al deslindarse de sus responsabilidades en materia de seguridad pública, que eso es precisamente lo que significa la Ley de Seguridad Interior; o la ridiculez de convocar a un referéndum para definir si se legisla a favor del mando único policial.

En este sentido, mucho me temo que la agenda de seguridad, aunque será un tema presente en los discursos electorales, en la práctica será un tema descuidado y desatendido. Dicho de otro modo, el actual gobierno culminará el sexenio sin un proyecto de seguridad digno de nombre, y los partidos políticos concentrarán todos sus recursos a propaganda vacía con la cual resultará imposible construir una auténtica estrategia de seguridad para el país.

Estamos viviendo una paradoja, pues parecería que cada año se aleja más la cada vez más urgente reforma de nuestras policías. Esto significa, no sólo que no avanzamos, sino que retrocedemos. De nueva cuenta, eso es lo que implican la Ley de Seguridad Interior y la desidia de nuestra clase política.

Mientras tanto, de acuerdo con cifras oficiales, 2017 sumó alrededor de 30 mil homicidios, al tiempo que el secuestro, la extorsión y el robo con violencia se encuentran también en dramático ascenso. Las estructuras políticas del país son cada vez más frágiles y quedarán presas a lo largo del año de diversos actos de presión e intimidación por parte de bandas delincuenciales, tal como lo han dejado ver los recientes asesinatos de alcaldes o aspirantes a alcaldes en distintos municipios del país. La infiltración de éstas en las estructuras formales de poder local será un riesgo y, en muchos casos, una realidad a partir de los diversos procesos electorales de este año.

En poco ayudará la conflictiva relación con el gobierno de Trump y las preocupantes tendencias que ésta podrá implicar en el corto y mediano plazos: la construcción del muro fronterizo, la intensificación de las deportaciones, la fuerte demanda estadounidense de opiáceos y el por lo visto imparable flujo de armas hacia nuestro país.

En suma, estos elementos hacen que el escenario para el 2018 sea muy probablemente uno de inercias, en este deslizamiento que llevamos hacia una creciente inseguridad. Nunca antes la persistente falta de voluntad política para remediar las fallas estructurales que han estado presentes por décadas, esta tendencia a patear el bote hacia adelante, esta política (por llamarla de alguna manera) del avestruz, se había percibido tan riesgosa para el país. Precisamente por ello, durante 2018 continuaremos recordándoles al gobierno federal y estatales, a los partidos políticos, a los diputados y senadores, que el país ya no aguanta tanta ceguera y tanta irresponsabilidad. Quién quita y algún día entienden.

Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera

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