El eslabón más débil

La diferencia entre los errores cometidos en la definición e implementación de la Política Criminal y otras políticas de Estado, es que en ésta los errores se pagan con vidas humanas, con miles de vidas humanas. La política de los operativos conjuntos emprendida al inicio del gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, así como su estrategia de abatimiento o detención de grandes capos, a la que le dio continuidad el gobierno del Presidente Peña Nieto y los casi ya 250 mil muertos que dejaron ambos sexenios, es una muestra inequívoca de ello. Se debe de calcular muy bien la estrategia y acciones a seguir, porque sería una tragedia repetir los errores en el diseño de la Política Criminal sin tomar en cuenta sus consecuencias. El problema es que, como dicen, la Historia nos demuestra que la más importante lección de la Historia es que muy pocos hombres han sabido aprender las lecciones de la Historia. Tras dar a conocer su Plan Nacional de Paz y Seguridad y al apostar, como eje de la nueva “política de seguridad” al enfoque jurídico/militar (amnistía, despenalización de las drogas, capacitación de las policías, creación de la Guardia Nacional), el nuevo gobierno demuestra no haber aprendido de las lecciones de nuestro pasado reciente que muestran el fracaso del modelo militarizado en seguridad pública.

La participación de los militares en tareas de seguridad y combate al narcotráfico no fue inaugurada por el ex Presidente Felipe Calderón, viene con la creación de la Dirección Federal de Seguridad (1946) integrada por miembros del Estado Mayor Presidencial, encabezada y dirigida por mandos castrenses. En los años 60’s con la participación de los militares en la lucha contra los movimientos estudiantiles (1968) y en los años 70’s contra la guerrilla de Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, la Liga Comunista 23 de Septiembre y el Plan Cóndor (1977) de erradicación de cultivos de drogas. En los 80’s con la desarticulación del Cártel de Guadalajara (1989). En los 90’s con la creación del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (1992), integrado por representantes de SEDENA y Marina Armada de México, uno de cuyos titulares fue el defenestrado general Jesús Gutiérrez Rebollo por sus vínculos con el Cartel de Juárez; con el Plan Piloto Chihuahua (1995) que reemplazó en las Subdelegaciones de la PGR a policías judiciales federales por miembros del Ejército; con la incorporación del Secretario de la Defensa y del Secretario de Marina en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (1995); con la desastrosa incorporación del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales en la lucha contra el narcotráfico (1997), militares de fuerzas especiales posteriormente reclutados como el brazo armado del Cártel del Golfo; con la creación de la PFP (1999), una parte importante de su estado de fuerza conformado originalmente por militares de la 3ª Brigada de la Policía Militar.

A principios del presente siglo la tendencia de la participación de los militares en tareas de seguridad y combate a la delincuencia no varió. Basta recordar, durante el gobierno de Vicente Fox, la continuación del proceso de militarización encubierta de la PFP al incorporarse elementos de la Marina; y el nombramiento del general Rafael Macedo de la Concha como Procurador General de la República, que propicio la sustitución de civiles por mandos militares en la PGR. A pesar de la intensa participación de militares en tareas de seguridad hasta antes del 2006, ésta no significó avances para garantizar la seguridad de la población. Por el contrario, la Marcha contra la Inseguridad, del 27 de junio de 2004, la más numerosa en la historia de México, muestra el exasperante clamor social por el deterioro que ya existía de la seguridad.

De la participación de los militares en tareas de seguridad y combate a las organizaciones criminales durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto, ya ni hablar porque es de todos conocida: 250 mil homicidios dolosos; más de 37 mil desaparecidos; por lo menos 325 mil desplazados de sus lugares de origen por la violencia criminal; multiplicación de fosas clandestinas; incremento exponencial del secuestro, de la extorsión, del robo en todas sus modalidades; notable incremento del robo de hidrocarburo; aparición del fenómeno masivo del robo de trenes; linchamientos colectivos generalizados; expansión del capital social negativo; alertas de género en una docena de Estados y un largo etcétera. Entonces, ¿en dónde está el éxito del modelo militarizado de seguridad pública al que parece apostar el nuevo gobierno con la creación de la Guardia Nacional?; ¿en dónde la reducción de los índices delictivos?; ¿en dónde la disminución de las violencias?; ¿en dónde la disminución de la percepción subjetiva de la inseguridad en la población?; ¿en dónde la recuperación de la paz social que ansiamos todos los mexicanos? Antes bien, lo que vemos son asesinatos extrajudiciales, violaciones a los derechos humanos y un incremento de la letalidad militar contra la población civil.

No entender que el soldado es entrenado en tareas de seguridad nacional para garantizar la seguridad del Estado y de su territorio y su mentalidad es la de destruir al enemigo; no entender que al involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública el propio Estado crea las condiciones de posibilidad para que las organizaciones criminales recluten a militares especialmente entrenados y luego éstos utilicen sus habilidades contra el propio Estado y la sociedad, permitiendo la aparición de organizaciones criminales paramilitares que desafían al poder del Estado y generan procesos de victimización colectiva; no entender el vínculo indisoluble que existe, para reconstruir el tejido social, entre la política criminal y la política criminológica, entre la seguridad pública y la seguridad ciudadana, entre la prevención del delito y la prevención social de las violencias y la delincuencia, nos permite entender que el eslabón más débil no son las policías, mucho menos la Policía Federal, ni la procuración y administración de justicia con todas sus fallas, ni aún el sistema penitenciario, lo que es ya mucho decir: el eslabón más débil está en quienes no entienden la forma de resolver el problema de la inseguridad en México y le siguen apostando a la militarización.

Doctor en Política Criminal.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores