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¿El sistema de justicia penal mexicano solo funcionaría en Suiza?

24/06/2018
02:17
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Ante el efervescente escenario electoral actual, hemos escuchado entre líneas algunas someras propuestas en torno a la impunidad y corrupción, que principalmente se centran en solo considerar que i) se debe de contar con un Fiscal General autónomo e intachable, ii) que hay que modificar la ley para que la justicia penal funcione de manera efectiva para reducir los altos índices de impunidad.

Es así como, en este vaivén de culpas y culpables, se han llegado a escuchar fraseos desalentadores como aquellos que señalan que el sistema de justicia penal implementado en México (oficialmente a partir del 2008) sería extraordinario, claro, en un país como Suiza y no en un país como el de nosotros, considerado por el World Justice Proyect (Rule of law Index 2017-1018) como el país 92 de 113 países en estado de derecho.

Sin embargo, esta frase que puede resultar bastante pintoresca, en realidad es una frase perversa, sí perversa porque abre una puerta para justificar la ineficacia e ineficacia, dejar de asumir responsabilidades y consecuencias y, sobre todo, seguir solapando o incluso incrementando la gran crisis de impunidad de justicia penal de nuestro país.

No es posible cerrar los ojos y perder la memoria en tan corto plazo. En 2008 el sistema penal de nuestro país se transformó de manera estructural, no porque se quisiera tener juicios parecidos a los que se ven las series de televisión, no porque se buscará hacer de la justicia penal un circo, sino, porque teníamos un país en el que se sentenciaba a la gente con años de prisión sin ni siquiera haber visto a su juez, a ministerios públicos y policías consiguiendo pruebas a través de la tortura como práctica sistemática, víctimas revictimizadas que incluso podían pasar de sentirse víctimas a sentirse o ser acusadas por otro delito, entre otras muchas atrocidades.

Fue por ello que ante todo este reclamo social, al fin parecía que existía una luz a final del camino, una luz en la que las distintas visiones políticas coincidían en que, con independencia de los colores partidistas, México tendría que cambiar su justicia penal, no por un sistema que fuera como propio para Suiza, simplemente por uno propio de cualquier país democrático de derecho, en el que se trate a las personas como lo que son: personas. En donde se respeten los derechos de las víctimas y de los acusados, y se imparta una justicia real y expedita.

No obstante, pese a todos el tiempo y recursos invertidos para la trasformación de la justicia penal, hoy, a casi diez años de distancia pareciera que desaceleramos el paso, que nos estamos rindiendo antes de terminar la carrera. El sistema penal es aún muy joven (su inicio fue gradual de 2008 a 2016), existen algunos estados en donde su aplicación es a apenas del año 2016. Es prácticamente un recién nacido que aún no ha empezado a caminar y del que esperamos que corra. Sin embargo, hemos dejado a ese recién nacido huérfano, con una orfandad que reside en las grandes y graves deficiencias institucionales necesarias para que este sistema funcione y funcione bien.

Pese a todos estos grandes esfuerzos, el rubro en el que World Justice Proyect (Rule of law Index 2017-1018) evalúa como uno de los peores criterios a México, es: justicia penal, que lo coloca como el país 105 de 113 a nivel global en 2018.

Pareciera que la reforma esta pasando de noche, ya que de acuerdo con la ENVIPE 2017, durante el año 2016 el 93.6% de los delitos se quedaron completamente impunes, ya que no se inició ninguna investigación al respecto, de lo cual, podemos advertir que el país enfrenta uno de los índices de cifra negra de delitos más altos de Latinoamérica donde prácticamente solo uno de cada diez delitos se denuncia.

Aunado a ello, de este apenas diez por ciento de delitos que llegaron al Ministerio Público para ser investigados, solo fueron determinados 40.05 en el ámbito local y 52.5 en el ámbito local [Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) 2017], de ello se advierte que prácticamente de la mitad de los casos que se denunciaron durante el año, no se obtuvo ningún resultado. Ahora bien, respecto de esa mitad que tuvo alguna determinación solo 4 de cada 100 fueron judicializadas, es decir, llegaron a un proceso penal ante un Juez (CIDAC 2017). Ello expone el verdadero corazón de la grave impunidad que enfrente nuestro país.

En ese contexto la respuesta más fácil de algunos líderes y tomadores decisiones ha sido ponerle al propio sistema la cara de culpable de la impunidad, señalar que es un sistema sumamente garantista que permite liberar delincuentes y agraviar víctimas y con ese mero pretexto tratar de reforma la ley sin ningún dato o indicio que indique que los problemas estructurales radican en la ley. Ello, es como darle una aspirina a una persona en terapia intensiva.

Tenemos que afrontar la realidad, los grandes obstáculos de la justicia penal no son ni la ley ni que sea un sistema propio para Suiza, los reales enemigos son la gran corrupción que existe al interior del sistema de justicia penal en donde, desde las copias hasta la libertad tienen precio y las grandes deficiencias institucionales en donde tenemos Ministerios Públicos con turnos de 24 horas y con 5000 investigaciones a cargo, lo que la simple lógica nos deja ver que es materialmente imposible cumplir con su deber.

Por lo que, ante este recrudecido escenario, resulta imprescindible establecer una agenda común de soluciones reales y estructurales que permitan a la recién nacida reforma penal, crecer y fortalecerse de manera adecuada. La justicia penal no tiene horario ni tiempos electorales, cada día, cada hora y cada minuto que se deja de hacer lo adecuado para que funcione, es equivalente a años de trabajo a remontar. Por eso, es mejor dejar de lado las pintorescas frases como que la justicia penal de México solo funcionaría muy bien en países como Suiza, y mejor detonemos, propongamos y exijamos soluciones para que podamos lograr el anhelo de lograr un país más justo y más libre.

Estefania Medina y Adriana Greaves
Cofundadoras de TOJIL-Estrategia contra la impunidad.

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