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Después de dos años y cuatro meses, Martín González Moreno logró salir de prisión y, tras comprobarse que fue torturado para arrancarle una declaración, retoma la vida que dejó en pausa.
El 18 de septiembre de 2014 elementos de la Fuerza Única de Jalisco lo sacaron de su casa, en el municipio de Tala, lo detuvieron de forma irregular, lo aislaron, lo golpearon, le causaron asfixia y lo electrocutaron; querían que aceptara ser culpable de varios ilícitos y dijera que pertenecía a una banda del crimen organizado.
Ni la tortura ni las violaciones a su debido proceso fueron suficientes para el juez sexto de distrito, Enrique Flores del Toro, quien primero no aceptó algunas pruebas a su favor y después ignoró los resultados del Protocolo de Estambul que demostraron el abuso policiaco.
“El juez argumentó que hubo tortura, pero que eso debería ser un proceso aparte, que debía demandar a los torturadores, a los policías, pero que eso no significaba que no tuviera todo lo que dijeron los policías que tenía; no tomó la tortura como algo fuerte, como debería de tomarlo y me sentenció a siete años seis meses”, cuenta Martín en la mesa de un café de un centro comercial de Guadalajara.
Salió del Cefereso 2 Occidente con sede en Puente Grande, Jalisco, el pasado 11 de enero y sigue asimilando lo que ocurrió.
“Los primeros meses fue muy cruel, los primeros días no me la creía, no sabía por qué, creía que era una pesadilla. Estamos en la cuerda floja, pensaba que si andabas de alguna manera haciendo algo malo te podía pasar, pero no, le puede pasar a cualquiera, de repente dices: ‘Puede ser que estaba en el lugar equivocado’, pero en mi caso ni así, porque estaba en mi casa y si el lugar equivocado es mi casa, entonces cuál lugar es seguro”.
Tras la sentencia condenatoria del juez, emitida a finales de 2016, Martín apeló y el Cuarto Tribunal Unitario revocó el fallo del juez para ordenar su libertada inmediata.
“No me la creía, habían pasado tantas cosas, amparos que me negaban, luego la sentencia.
“Me sorprendió y me puse contento, porque por fin se iba a hacer un poco de justicia dos años y cuatro meses después, no tenía nada que ver y me fabricaron un mundo de acusaciones. Al salir miraba para todos lados a ver si no querían detenerme otra vez, corrí a abrazar a Edna [su esposa] y luego los dos corrimos hasta el carro y nos fuimos rápido, sólo me sentí seguro al llegar a casa”, dice.
Ese hogar, por ahora, es la de sus suegros, porque la suya, de donde se lo llevó la policía, decidieron rentarla para evitar el posible riesgo de una represalia por parte de los oficiales torturadores.
Hace unas semanas, la Procuraduría General de la República (PGR) se disculpó públicamente con Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, indígenas que estuvieron presas acusadas de un delito que no cometieron.
Martín se enteró del caso y le gustaría que la Fiscalía de Jalisco hiciera algo similar con él, puesto que aunque señala que quienes lo conocen saben que es inocente, en algunos puede quedar sembrada alguna duda.
—Dices que al salir se hizo un poco de justicia, ¿cuál sería la justicia completa?— se le cuestiona.
—Pues serían muchas cosas. Una, hacer justicia con los aprehensores, aunque realmente me da miedo por alguna represalia, por qué me hicieron esto después de dedicarme a mi trabajo normal, a una vida normal, me arrancaron de mi familia y de todo.
La otra es que el tiempo que perdí con mi familia no me lo van a recuperar, y pues esto no debe suceder con otras personas.
Antes de perderse entre la gente del centro comercial para ir en busca de su esposa y su hija pequeña, Martín señala que está buscando apoyo de alguna organización para iniciar el proceso de reclamo de reparación del daño, ; sin embargo, hasta ahora ninguna ha tomado su caso.
