18 | JUL | 2019

Embargan cuentas bancarias de Guaymas

19/07/2016
01:22
Amalia Escobar / Corresponsal
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Resolución de tribunal administrativo, por demanda laboral, deja sin quincena a mil 400 trabajadores

Guaymas.— La Tesorería Municipal de Guaymas no cubrió el pago de nómina de mil 400 trabajadores, correspondiente a la primera quincena de julio, tras el embargo de sus cuentas bancarias por orden de un tribunal administrativo.

Las cuentas que la localidad tiene en Scotiabank Inverlat y BBVA Bancomer fueron congeladas. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Sonora ordenó la acción, por un fallo condenatorio definitivo en el juicio del servicio civil que se ventila ante la autoridad.

Arturo Lozano, tesorero municipal, dio a conocer que la nómina mensual asciende a 17 millones de pesos, por lo que el 15 de julio no se pagó a los pensionados que cobran a la quincena y a la semana, a los trabajadores activos que se les remunera por semana y a los de la nómina en efectivo.

La demanda laboral contra el ayuntamiento, que encabeza el panista Lorenzo de Cima, por la que fueron embargadas las cuentas se presentó y se perdió en la administración pasada, dijo Lozano.

Se están realizando los pasos legales para lograr la liberación del efectivo; sin embargo, se han solicitado los recursos necesarios para cubrir la nómina, aseveró.

Problema mayor. La pasada administración (2012-2015), presidida por el priísta Otto Claussen Iberri, dejó al actual gobierno municipal un adeudo de 365 millones de pesos con un banco.

Del total, 315 millones de pesos pertenecen a la gestión anterior, que también dejó activas 225 demandas laborales.

La resolución responde al litigio de un ex trabajador de la administración 2009-2012, quien derrotó al ayuntamiento y ahora tiene que pagar 630 mil pesos.

En la administración del panista Guillermo Padrés Elías, el ex contralor Carlos Tapia informó que el ex alcalde era investigado por la desaparición de 60 millones de pesos, cuando dirigía el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Sonora.

Fue citado ante esa contraloría a comparecer para responder por casi 60 millones de pesos, pero evadió las entrevistas protegido por el fuero constitucional al convertirse en diputado local del PRI.

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