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Ayer se cumplieron 5 años del inicio de la actual administración federal y hoy, como entonces, la dramática situación de inseguridad y violencia en amplios territorios de nuestro país sigue siendo uno de los principales problemas nacionales y una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.
Tras casi dos sexenios en los que el Estado mexicano ha invertido millones en recursos y ha empleado ininterrumpidamente a las Fuerzas Armadas contra la criminalidad, en la actualidad los mexicanos nos seguimos sintiendo inseguros —y lo estamos— en nuestros estados, ciudades y colonias. Prácticamente la totalidad de los índices delictivos ha aumentado desde 2016 y en lo que va del año.
Hoy además autoridades y sociedad nos enfrentamos a un crimen organizado que ha mutado considerablemente, que se ha atomizado cual hidra de mil cabezas y que constantemente está adoptando nuevas formas y niveles de violencia. Por estos días los criminales son más sanguinarios y están mejor preparados. De acuerdo con expertos, comparados con los antiguos cárteles, los actuales son grupos de menor número de integrantes, pero que actúan con mayor ferocidad, son más extremos y crueles. Esto se infiere por el crecimiento en el número de personas desmembradas y cuerpos quemados.
Las cifras, estremecedoras, hablan por sí solas. De manera sintomática —por lo estratégico que se ha vuelto este estado en la producción de amapola y el trasiego de goma de opio— Guerrero continúa siendo la entidad más violenta del país, como ha sido en lo que va del sexenio, con un total de 9 mil 754 homicidios dolosos en los últimos cuatro años y 10 meses. Le siguen el Estado de México con 9 mil 733 asesinatos; Chihuahua, 5 mil 994; Jalisco, 5 mil 269; Baja California, 5 mil 232; Michoacán, 4 mil 888; Sinaloa, 4 mil 799; Veracruz, 4 mil 555; Ciudad de México, 4 mil 209; Guanajuato, 4 mil 097; Nuevo León, 2 mil 798; Morelos, 2 mil 638, según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es incuestionable pues, que vivimos una auténtica crisis de seguridad, y es preocupante que las autoridades minimicen este hecho y no pongan manos a la obra en el diseño de una estrategia distinta que de verdad ataque y erradique la criminalidad.
En este contexto, la controversial Ley de Seguridad Interior —que la CNDH y ONGs han calificado de militarista—, aprobada en días pasado por la Cámara de Diputados y turnada a la Cámara Alta, poco abonará a la solución de esta crisis porque, como se ha señalado reiteradamente, no ataca uno de los aspectos clave —además de la imperante impunidad— de la debilidad de autoridad y ciudadanía ante el crimen: la ausencia de policías eficientes y probas, del nivel que sea, capaces de hacer frente al problema de violencia.
