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Gastar 7 mil 600 millones de pesos en tres años para lograr una meta sin que se alcanzara al final de la jornada, no puede llamarse de otra forma más que fracaso. Esa es la cantidad que el gobierno mexicano destinó entre 2015 y 2018 en operativos para desarticular a cárteles de la droga en Jalisco; sin embargo, en lugar de menguar, los grupos del narcotráfico se consolidaron en el mismo lapso.
El objetivo principal era la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, señalado como la cabeza más visible del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los recursos sirvieron para desplegar bases de operaciones mixtas, puestos de seguridad, bases de operaciones de erradicación y puestos de vigilancia. En las acciones participaron la Policía Federal, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República.
La historia que EL UNIVERSAL presenta hoy sobre Jalisco no es muy diferente a la que ha prevalecido en los últimos años en distintos puntos del país. Estados asolados por la violencia reciben el apoyo de fuerzas federales; la seguridad se fortalece por corto tiempo para resurgir luego con igual o mayor fuerza que antes.
Los resultados que hereda el actual gobierno en materia de inseguridad son insatisfactorios. Las cifras de homicidios dolosos, por ejemplo, son las más altas desde que se elaboran ese tipo de registros.
La presencia y dominio del narcotráfico en amplias zonas solo puede explicarse por su poder para corromper autoridades de gobierno o de seguridad. Por eso la importancia de una estricta supervisión a los integrantes de las corporaciones de seguridad y de sellar cualquier posibilidad de que se presenten fugas de información. Atacar este punto debería bastar para comenzar a dar golpes a las estructuras criminales, de lo contrario poco cambiará el escenario de inseguridad.
En la administración anterior quedaron tareas inconclusas, como la profesionalización de las corporaciones policiacas y la aplicación de controles de confianza. Aquellas entidades que invirtieron en sus cuerpos de seguridad comenzaron a ver una caída en los índices delictivos.
El gobierno tiene una ruta cuesta arriba, pero hay muchas lecciones de lo que puede evitarse para no caer una vez más en millonarios gastos en seguridad sin que la población perciba la pacificación de su entorno. Aprender de los errores de otros nunca es tan válido como ahora.
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